José Francisco Cali Tzay, nuevo relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, expresó su preocupación por el devastador impacto que la pandemia del Covid-19 tiene en los pueblos indígenas, más allá de la amenaza para la salud.
Mencionó que los estados de emergencia exacerban la marginalización de las comunidades indígenas y, en las situaciones más extremas, se produce la militarización de sus territorios.
Cabe señalar, el pasado 11 de mayo, se publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación en el cual autoriza la permanecía de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina (Sedena-Semar) en labores de seguridad dentro de las ciudades.
“Aunque me critiquen de que quiero militarizar al país, seguiré insistiendo en que las fuerzas armadas nos deben ayudar en tareas de seguridad pública, porque necesitamos su disciplina y profesionalismo para enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia, y no quiero que la Guardia Nacional (GN) termine como la Policía Federal, porque sería un rotundo fracaso”, así lo afirmó el presidente.
El relator comentó que a los pueblos indígenas se les priva de su libertad de expresión y asociación, mientras que los intereses empresariales invaden y destruyen sus tierras, territorios y recursos.
“En algunos países se están suspendiendo abruptamente las consultas con los pueblos indígenas y también las evaluaciones de impacto ambiental para forzar la ejecución de megaproyectos relacionados con la agroindustria, la minería, las represas y la infraestructura”, añadió Cali Tzay.
Esto último, se logra asociar con los recursos legales implementados para detener la construcción del megaproyecto Tren Maya.
Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C. y habitantes Ch´ol de los municipios de Ocosingo, Palenque y Salto de Agua realizaron una acción legal que finalizó el pasado 8 de mayo, en el momento en que la juez segundo de Distrito de Amparo y Juicios Penales Federales de Chiapas, determinó conceder una suspensión a un grupo de indígenas que se ampararon frente a la determinación del Ejecutivo federal de continuar las obras del Tren Maya, a pesar de la contingencia sanitaria que opera en el país derivada del Covid-19.
Sin embargo, Fonatur informó que el proyecto seguirá debido a que no ha sido notificado de tal amparo de forma oficial.
“En caso de existir dicha suspensión provisional, esta no tiene efecto alguno”, respondieron.
Fonatur agregó que no considera procedente dicha suspensión provisional, pues se trata de una vía de comunicación ferroviaria actualmente en operación y cuyos trabajos de obra son de mantenimiento, y se llevarán a cabo con estricto apego a los protocolos sanitarios sobre medidas de protección.
Ante ello, los denunciantes reclamaron al Fondo Nacional de Fomento al Turismo el avance de los trabajos del Tren Maya, tras recurrir a un amparo para su suspensión.
Inclusive, organizaciones indígenas y civiles solicitaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), este fin de semana, medidas cautelares en contra del Tren Maya para evitar daños irreparables al acuífero subterráneo de la Península de Yucatán, elemento indispensable de los territorios del pueblo maya y principal fuente de abasto de agua de la población y de las comunidades mayas.
Además, el relator describió que los pueblos indígenas que pierden sus tierras y medios de vida se ven empujados a una mayor pobreza, a tasas más elevadas de malnutrición, a la falta de acceso al agua potable y al saneamiento, así como a la exclusión de los servicios médicos, lo que a su vez los hace más vulnerables ante las enfermedades.
Desarrollo Social
Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval, 2017), en el año 2010 existían tres millones 866 mil 300 personas en situación de pobreza en Chiapas (78.5 por ciento de la población); para 2014 aumentó a tres millones 961 mil (76.2 por ciento); 2016 se convirtió en el año con más población en dicha circunstancia con cuatro millones 114 mil (77.5 por ciento).
Coneval indica que de los cuatro millones 114 mil personas en situación de pobreza en Chiapas, dos millones 615 mil fueron catalogados en pobreza moderada; en extrema, un millón 498 mil; con carencias sociales 736 mil; y vulnerable por ingresos 145 mil.
Únicamente 341 mil fueron considerados sin ningún tipo de pobreza, no obstante, desde el 2010 este último sector se ha paralizado, lo que significa que desde aquel año las personas no han podido salir de dicha problemática.
En el estado, el Consejo afirma que más de cuatro millones 850 mil tienen al menos una carencia social, y con al menos tres se encuentran más de dos millones 168 mil.
Un millón 548 mil personas tienen rezago educativo; 802 mil carecen de servicios de salud; cuatro millones 328 mil de seguridad social; un millón 309 mil de calidad y espacios de vivienda; dos millones 791 mil en acceso a los básicos en la vivienda; y un millón 36 mil personas tienen carencia alimentaria.
Datos del Inegi
Por su parte, Inegi informa que el 57.2 por ciento de la población estatal dispone de agua entubada; el 61.3 de drenaje público; y 97.5 por ciento de energía eléctrica.
Sin embargo, Cali Tzay afirmó que las comunidades indígenas que han logrado resistir mejor la pandemia de la Covid-19 son las que han logrado la autonomía y el autogobierno, lo que les permite gestionar sus tierras, territorios y recursos, y garantizar la seguridad alimentaria mediante sus cultivos tradicionales y su medicina tradicional.
“Ahora más que nunca, los gobiernos de todo el mundo deben apoyar a los pueblos indígenas para que apliquen sus propios planes de protección de sus comunidades y participen en la elaboración de iniciativas nacionales para garantizar que éstos no los discriminen”, mencionó el relator.
Añadió que los estados deben velar por que los pueblos indígenas tengan acceso a la información sobre el Covid-19 en sus idiomas, y es necesario adoptar medidas especiales urgentes para garantizar la disponibilidad y el acceso a servicios médicos culturalmente apropiados.
El Coneval informó que “los derechos al desarrollo, la libre determinación y las tierras, territorios y recursos deben garantizarse para que los pueblos indígenas puedan gestionar estos tiempos de crisis y promover los objetivos mundiales de desarrollo sostenible y protección del medio ambiente.
La pandemia nos está enseñando que tenemos que cambiar.
Tenemos que valorar lo colectivo por encima de lo individual y construir sociedades inclusivas que respeten y protejan a todos. No se trata sólo de proteger nuestra salud”, finalizó.
