“El tema de la corrupción nos atañe a todos y es una de las causas para que no se garanticen nuestro derechos humanos como pueblos indígenas”, sustentó la coordinadora en vinculación comunitaria de la asociación civil Kintiltik, Lucía Gómez.
Destacó que el tema de combate y prevención de la corrupción está dentro de las agendas en las políticas públicas, las cuales están en proceso en Chiapas, donde se ha impulsando la perspectiva de la interculturalidad en la Política Estatal Anticorrupción.
Sin embargo, dijo que hace falta trabajar en materia, pues en los pueblos indígenas hay una apertura limitada por parte de algunas instituciones, donde aún predomina la discriminación, ya que “muchas no han retomado la perspectiva de pertinencia cultural”.
Para lo cual explicó que es necesaria la intervención de organizaciones civiles en coordinación con instituciones gubernamentales para que se generen espacios de discusión.
La representante de Chiapas de la Escuela Global de Mujeres Indígenas manifestó que “todos hemos escuchado o visto el abuso del poder, actos por beneficio propio y relacionado con diversos delitos”, las cuales violentan los derechos humanos y “esto afecta a toda la ciudadanía, sobre todo a los pueblos indígenas”.
Por otro lado, enlistó que la agudización de la pobreza incrementa la desigualdad, genera poca perspectiva de género y aumenta la violencia laboral; son tan sólo algunos de los efectos visibles de este problema.
Pero sustentó que “tenemos que posicionar este tema y hacer eco de nuestra voz como pueblos originarios ante un problema mundial; la primera barrera es garantizar nuestros derechos como pueblos indígenas”.
Aclaró que hay un mal manejo del fenómeno en las comunidades desde el incorrecto uso de la lengua, hasta una falta de entender la visión, perspectiva del sentir y percibir a la corrupción desde las sociedades originarias.
