"Francisco Valdés Ugalde * El universal. La corrupción puede socavar o fortalecer al Estado. No es solamente un problema ético, sino un asunto de cómo se ejerce el poder y a quién consolida su ejercicio. Desde Maquiavelo se sabe a la perfección. Puede aducirse que esta es una posición intelectualmente cínica y moralmente reprobable, pero cuando se trata de las cuestiones del Estado la objetividad no es un problema moral, independientemente de que los valores deban intervenir en el juicio y hacerlo un deber del que observa.
De acuerdo con Transparencia Internacional, México se mantiene como una de las sociedades más corruptas del orbe. Además, se ha revelado como uno de los campeones del mundo en piratería, economía informal y economía del crimen organizado. El problema persiste en forma aguda, no cede y cabe preguntarse si se toman las medidas adecuadas o si, en realidad, la clase política evade el problema sistemáticamente.
Bajo el autoritarismo del presidencialismo de partido hegemónico, especialmente en sus momentos de auge, se sabía que la corrupción era el aceite que lubricaba el motor del sistema económico y político. Era ""natural"" suponer que los detentadores de los cargos públicos hacían ""negocios"" con empresarios a partir del erario público. En todas las entidades del país surgieron grandes fortunas. Los ex presidentes se convertían en hombres acaudalados; lo mismo ocurría con sus allegados y beneficiarios.
La transparencia y la rendición de cuentas eran inexistentes, salvo por el posible castigo fulminante desde arriba. El ""sistema"" tenía en la corrupción una compañera ineludible. Pocos la tenían por una falta inexcusable, la mayoría murmuraba en privado y callaba en público. El PAN fue quizá el grupo organizado más congruente y coherente en condenar esa práctica. No lo fueron los empresarios, tampoco lo fue el partido entonces en el poder, que ni siquiera ha hecho una autocrítica de su responsabilidad en prohijarla. Para la izquierda era un fenómeno ""superestructural"".
La democratización abrió al sistema autoritario en flor. Se introdujo la transparencia como un deber constitucional, no así la rendición de cuentas. Hay que distinguir entre ambas. Transparencia es el derecho de los ciudadanos a obtener información gubernamental que por su naturaleza es pública. En la materia se ha abierto un campo de lucha entre gobernantes y gobernados. Es un campo incipiente dotado de herramientas precarias pero no inocuas. El IFAI es ya una institución a través de la cual es posible demandar información para conocer el origen y destino de decisiones y dineros.
Pero la rendición de cuentas es otra cosa. Es el contrapeso del ejercicio del poder por factores institucionalizados en el poder mismo. El Congreso como supervisor del Ejecutivo, el Poder Judicial como juzgador de los actos que legalmente pueden sancionarse, la Federación como reguladora del comportamiento de los poderes de las entidades federativas; las legislaturas estatales y los tribunales de Justicia como balances del poder de ejecutivos y municipios.
Si bien el derecho a la información fue traducido en una ley luego de décadas de exigencia, la estructura descrita en el párrafo anterior adolece de graves defectos. Los institutos estatales de Transparencia han avanzado muy lentamente y no son un factor de control efectivo de los actos del poder ni del manejo de los dineros públicos. Las legislaturas de los estados no son contrapeso a los ejecutivos. En la práctica, éstos han barrido con ellas para convertirse en los pequeños virreyes que hoy dominan en sus territorios sin equilibrios adecuados que los controlen.
Si bien una dosis de ética no le viene mal a nadie, no es en ese lado subjetivo de la conducta de las personas públicas en la que se debe confiar para imponer un sentido ético del ejercicio del poder. Hace falta convertirla en norma de obligación controlable externamente. La rendición de cuentas es el único antídoto para mantener la corrupción a raya, pues es iluso creer que se puede erradicar por completo.
Si el sistema autoritario se aceitó con la corrupción, la democracia la evidencia como un cáncer. No es su aceite sino su peor corrosivo. Si la corrupción fortaleció al Estado cuando el poder era unipolar, lo debilita una vez que se ha distribuido entre partidos, poderes y sociedad. La situación es grave y sólo una reforma de los instrumentos de contrapeso y rendición de cuentas le pondría remedio, pero es dudoso que el tema sea realmente un asunto de la agenda de cambio que se avisa para 2010.
El poder no se controla con recetas, sino con poderes contrapuestos que son débiles desde la sociedad y muy precarios en el poder público. La organización de la Federación y sus poderes y órdenes de gobierno difieren muy poco de como los dejó Plutarco Elías Calles.
Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM
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