"La corrupción es uno de los grandes males de México. El enriquecimiento de los funcionarios es sólo la evidencia más palpable, detrás se oculta un cáncer social que lastra al país en todos los ámbitos, desde los programas de fomento forestal hasta las normas que permiten una competencia de libre mercado entre empresas. Solucionar este mal no depende de la simple voluntad de un gobierno, sino de la combinación de sanciones, transparencia e incentivos para la denuncia.
En entrevista con El Universal, el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, dijo que el gobierno federal tiene hasta 60 millones de pesos para repartir entre los ciudadanos como recompensa por denunciar a servidores públicos corruptos.
Se trata de una medida que va a tono con la firma de la Convención Interamericana contra la Corrupción, en la cual México se comprometió a estimular a los denunciantes, los cuales sin embargo, no tendrían por qué ser sólo ciudadanos.
El gobierno podría traer a nuestra legislación la figura que existe en otros países del informante confidencial, que se encuentra dentro del propio aparato gubernamental, que queda protegido de cualquier represalia penal por haber hecho su denuncia.
Tal figura jurídica, por ejemplo, es la que usó el agente federal John Dodson, de la oficina para el control de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de EU para denunciar la fracasada operación Rápido y Furioso, de tráfico de Armas de México, autorizada por su propio gobierno, sin que así se supiera.
Esto abriría el abanico de las denuncias, y no sólo dejaría la responsabilidad al ciudadano, sino que se enriquecería con testimonios puntuales de quienes conocen de primera mano cómo funciona el andamiaje de la corrupción.
Eso por lo que respecta al ámbito de gobierno federal, pero hay que considerar que existe también una más amplia dimensión de la corrupción que es la cometida por los empleados de gobiernos estatales y municipales, por legisladores y jueces, así como por los propios ciudadanos que propician el delito a favor de mejores condiciones para evadir una sanción, un trámite o facilitar un negocio.
Ya no se habla sólo de licitaciones a modo de ""mordidas"", sino de toda una gama de delitos que van desde la colusión empresarial para fijar costos, o para sobornar funcionaros de los tres órdenes de gobierno. A su vez, el Poder Legislativo no está exento de participar en prácticas de riesgo, como las de algunos cabilderos que suelen ir al filo de la ley para defender los intereses de sus empresas.
La corrupción es una cultura, y como tal ha de ser combatida, con fuertes medidas de fiscalización de recursos y sanciones muy duras.
(El Universal)
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