Los gobiernos de México y de Estados Unidos van a reforzar en los próximos meses el combate al tráfico de armas y explosivos proveniente del norte, que ha dado virulencia a los enfrentamientos entre cárteles de la droga y a los ataques directos contra Ejército y policía. El anuncio de la Secretaría de Relaciones Exteriores no explica por qué hasta ahora no se había actuado en esa materia, como acordaron los presidentes Felipe Calderón y George W. Bush, durante su reunión en Mérida, en marzo pasado, hace 10 meses.
Por supuesto, la interrupción de la logística, el corte del flujo de armas a los narcotraficantes es una medida elemental para limitar la violencia, pero debe ser hecha conjuntamente, al menos, y sobre todo por los estadounidenses, que son quienes monopolizan la fabricación y el comercio de armas y municiones. El contrabando de armas está en el mismo rango de valor económico que el de las drogas y la trata de personas. La riqueza de estas actividades les permite subsistir y encarar las más firmes decisiones de que la ley sea respetada. En Estados Unidos hay muchas facilidades para adquirir armas, prácticamente sin ningún requisito, como efecto indeseable de algunos de sus más caros valores, la libertad de empresa y los derechos individuales, aunque se vulneren las estrictas medidas de seguridad tomadas actualmente por la amenaza terrorista. Sólo en el estado de Texas hay anualmente más de 400 ferias de armas, más de una diaria. Con razón el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense se muestra preocupado por el tráfico de armas: si hoy alimenta la violencia criminal en México manana puede significar problemas mayores en su propia tierra.
Es una ingrata coincidencia que el país que acusa a Irán de proveer de armamento a los iraquíes que combaten a las fuerzas de ocupación sea él mismo la fuente de abastecimiento bélico de las mafias de las drogas que tanto dano le causan a su propia sociedad. Ya no estamos hablando de pistolas ni fusiles, ni siquiera de metralletas, sino de lanzacohetes, granadas de fragmentación y de alto poder explosivo, de cargas de dinamita e hidrogel y de ametralladoras capaces de hacer frente a las fuerzas militares.
Algunas de las armas han sido sustraídas del mismo arsenal de la Guardia Nacional. Los lanzacohetes pueden derribar aviones. Todas pueden ser rastreadas electrónicamente, pero no se sabe que esta operación haya tenido algún resultado digno de mención. El anuncio del relanzamiento de la lucha contra el contrabando de armas se hace en la víspera de la aprobación de los primeros 500 millones de dólares solicitados al Congreso para esa acción. Sólo por contraste, el tráfico de drogas mundial produce al ano más de 500 mil millones de dólares, además de malograr la vida de jóvenes y adultos y hacer anicos la autoridad del gobierno. Cada dólar bueno invertido tiene que vencer a mil dólares malos. Es una batalla notoriamente desigual, pero que debe darse. Hay otras cosas que hacer. Estados Unidos y Canadá tienen que adherirse a la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados, como parte de la estrategia contra el crimen organizado. A nosotros nos corresponde, además, emprender una vasta cruzada para desalentar el consumo, castigar la corrupción y someter a la impunidad, que tanto contribuye al progreso de la delincuencia. No importa que luchemos contra fuerzas muy grandes, porque el crimen no debe imponerse en porciones mayores de nuestra nación.
