La Corte Suprema de Canadá se negó a escuchar una apelación de la familia del defensor asesinado en Chicomuselo, Mariano Abarca, por su lucha contra la minera canadiense Blackfire Exploration en 2009.
Ahora, la familia del defensor ambiental acudirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en busca de justicia, después de 14 años de luchar contra la impunidad de la justicia mexicana.
Gustavo Castro, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), dijo que la negativa de la Corte Suprema de Canadá reafirma la percepción de hasta qué punto las autoridades canadienses están capturadas por los intereses de sus empresas mineras.
Apelación
De acuerdo con una entrevista realiza previamente a los abogados del caso, la familia de Mariano Abarca Robledo solicitó investigar a la Embajada de Canadá en México, por la presión que ejerció sobre el Gobierno de Chiapas para detener las protestas contra las operaciones de la minera Blackfire Exploration en el municipio de Chicomuselo.
Las autoridades mexicanas nunca investigaron y liberaron a las personas que en su momento fueron detenidas. Esta falta de acceso a la justicia llevó a la familia de Mariano a iniciar una indagación independiente sobre los hechos.
Con asesoría legal en México y Canadá encontraron intercambios de correos electrónicos entre la Embajada de Canadá y el Gobierno de Chiapas, así como mil 400 mensajes electrónicos y cartas que recibieron los canadienses sobre la preocupación por la seguridad de los ambientalistas; también accedieron a los pagos que hizo la empresa al alcalde de Chicomuselo.
Las pruebas mencionadas fueron presentadas en un informe realizado por el abogado Shin Imai en febrero de 2018, para solicitar al comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá, investigar a la embajada. Pero entonces este se negó.
Tras la negativa, acudieron al Poder Judicial donde tampoco obtuvieron una respuesta favorable.
Este año, la Corte Federal de Apelación confirmó la decisión del comisionado y se basó, en gran medida, en meros tecnicismos. Los jueces alegaron que el comisionado no tenía obligación de leer las pruebas como fueron entregadas.
En este cuarto intento, la respuesta del Tribunal Supremo de Canadá fue no conceder la apelación, pues de haberlo hecho, sería la primera vez que el sistema de denuncias en torno al sector público de Canadá se someta al escrutinio del más alto tribunal.