"La Suprema Corte ordenó liberar a los 12 detenidos de Atenco por considerar que sus juicios estuvieron plagados de irregularidades. Éste y otros casos muestran que las y los ministros construyen un nuevo paradigma constitucional, donde se privilegie la defensa de la persona frente a los abusos de las autoridades. Para completar el círculo, hace todavía falta que el máximo tribunal avance en señalar responsables específicos y hacerlos pagar por sus abusos.
Hace poco más de cuatro años un grupo de pobladores de San Salvador Atenco retuvo en sus oficinas a varios funcionarios del Estado de México. Exigían la libertad de sus compañeros presos y la reanudación de las mesas de diálogo. En respuesta, la procuraduría mexiquense los acusó de secuestro equiparado y tras una serie de sentencias atropelladas se produjeron condenas de hasta 112 años de prisión. Dice hoy el máximo tribunal que no sólo el proceso estuvo lleno de anomalías, como la presentación de pruebas ilegales o insuficientes, sino que las sentencias fueron ""una forma maquilladamente institucional de criminalizar la protesta social, como una forma de castigar el ser oposición"". Así lo redactó el ministro Juan Silva Meza, cuyo proyecto fue avalado por el resto de sus pares.
Ya antes, cuando la Corte analizó la pugna en Oaxaca entre el gobernador Ulises Ruiz y la APPO, el ministro Silva Meza había puesto de relieve la gravedad de que las autoridades, por acción o por omisión, impedían el ""mínimo vital"" que una persona necesita en términos de garantías jurídicas para convivir en sociedad. Entre estos derechos se encuentra la libertad de manifestarse públicamente. Cuando este mismo órgano analizó el caso Acteal -y después la detención de las indígenas Alberta y Teresa- los ministros pusieron énfasis en el debido proceso, cuya violación permitió encarcelar a inocentes sin pruebas suficientes y sin la posibilidad de defenderse con todas las garantías legales.
En la decisión de sobre Atenco la Suprema Corte junta esos dos criterios previos, condiciones mínimas y debido proceso, para liberar a más víctimas del abuso del poder. De ahí la relevancia de la resolución. Se trata de fallos que conforman ya una constante en la protección a los derechos ciudadanos.
Esto es lo cocido de la nueva visión jurisdiccional. La mala noticia es que, de nuevo, se evade señalar responsabilidades específicas. Tampoco las hubo en el fallo sobre Acteal y aunque sí se señaló en su momento a Ulises Ruiz como culpable del caos en Oaxaca, nada sucedió tras la resolución. Es ahí donde la Corte tiene una deuda. En señalar imputables y hacerlos responder por sus abusos. En este último tema aún el discurso de los ministros está crudo. Lo crudo y lo cocido en la Corte. (El Universal)
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