Activistas, estudiantes y organizaciones no gubernamentales de Chiapas se unieron a la convocatoria para la construcción de un frente común que impulse la expedición de una Ley de Amnistía que beneficie a las personas privadas de su libertad en la entidad.
Los más de 50 peticionarios comentaron que de acuerdo con el transitorio segundo del Decreto del 22 de abril de 2020, si bien, corresponde a los gobiernos y legislaturas locales expedir la Ley de Amnistía estatal, la Secretaría de Gobernación promoverá ante los gobiernos y legislaturas estatales la expedición de la ley.
El 22 de abril de 2020, el presidente de la república expidió una Ley de Amnistía a favor de las “personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal, hayan sido procesadas o se les haya dictado sentencia firme, ante los tribunales del orden federal”, siempre y cuando no sean reincidentes sobre el delito que se les procesa o se les sentenció.
Por tanto, pidieron recomendar a las autoridades que forman parte del proceso judicial, la observancia del pleno respeto a los derechos humanos y garantías individuales de los procesados en las causas penales, a las que fueron sujetas las personas privadas de su libertad.
Asimismo, emitir recomendaciones en todas las medidas de libertad anticipada a que se refiere el Código de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Libertad Anticipada para el Estado de Chiapas.
Al momento de finalizar la aceptación de organizaciones y activistas, el frente común deberá solicitar a la Segob que de forma particular exhorte al Gobierno de Chiapas a cumplir con el decreto.
“No se puede soslayar la existencia de distintas formas de lucha y de las diferencias que existen entre las organizaciones sociales y colectivos, en el marco del respeto a las diferentes visiones, la constitución del frente sólo tendrá un objetivo en común, la libertad de las personas privadas de su libertad, de conciencia y falsos positivos a través de la Ley de Amnistía”, expresaron.
Las organizaciones destacaron que la libertad configurativa de las legislaturas locales, es la que concede la facultad de incluir delitos y condiciones que puedan beneficiar a todas las personas privadas de su libertad, de conciencia y falsos positivos de la entidad, en ese sentido la Ley Federal de Amnistía, es un punto de inicio y no un punto de llegada (mínimos y máximos).
Dicha petición sería expuesta en la Mesa de Reconciliación del Gobierno del Estado, en la cual se entregarían las solicitudes de análisis de los expedientes penales que se encuentren en fase de averiguación previa, procesos o con sentencia ejecutoria.
