Proactiva tiene varias demandas contra el Ayuntamiento de Tuxtla por la deuda que supera los 320 millones de pesos. La comuna capitalina, a su vez, hizo lo propio contra la empresa por el excesivo cobro. Por otro lado se prepara una demanda penal contra ambos, que han sido omisos ante el severo e irreversible daño ambiental. La Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Ambientales (Fepada) amaga con una tibia presión y la concesionada responde cínicamente que “sabe del daño causado, pero no lo resuelve por falta de dinero”. Y mientras tratan de destrabar el problema jurídico, el daño irreversible ambiental se agiganta atentando contra la salud de los ciudadanos. Regidores con la cabeza fría y el corazón caliente buscan el bien común y prevén -a la brevedad- hallar una solución. El edil Carlos Morales descarta rescindir el contrato a la empresa sindicada de negligente.
Tema en el Congreso local
En abril de 2016, la entonces diputada de Morena, Raquel Esther Sánchez Galicia, señaló con índice de fuego a Proactiva, como negligente por provocar escurrimientos de lixiviados provenientes del relleno sanitario que afectan el predio San Martín Mujular
En realidad desde antes, vecinos afectados por los malos manejos de la empresa elevaron la voz considerando que los lixiviados penetran el subsuelo, mantos freáticos y afluentes que surcan las superficies y son arrastrados hacia el río Suchiapa para finalmente desembocar en el río Grijalva.
Denuncia ante Fepada
El pasado 11 de septiembre, con el oficio PAECH/0247/2018, el procurador Ambiental del Estado de Chiapas, Jesús Antonio Guillén Gordillo le refiere a Héctor Montesinos, particular interesado en los daños ambientales lo siguiente: “En atención a su oficio de fecha 25 de abril del año 2018, me permito informarle que el dictamen de toma de muestras de agua y sedimento de pozo y/o manantial y/o vertiente y/o captador de agua que se encuentra en el predio San Martín Mujular que usted presentó ante esta Procuraduría Ambiental, fueron turnados a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Ambientales mediante oficio PAECH/0145/2018 para su atención”.
De la misma manera, la dependencia refiere que mediante oficio PAECH/0139/2018 de fecha 15 de mayo de 2018, se presentó formal denuncia ante la Fepada derivado de las visitas de verificación realizadas por su personal, en donde se constata que: “el responsable del relleno sanitario está incumpliendo la normativa, “ya que existen escurrimientos y afloramientos de lixiviados fuera de la celda de disposición final”.
Entrevista a Héctor Montesinos
Entrevistado al respecto, Héctor Montesinos informó que ganó la demanda que Proactiva interpuso contra él por 600 millones de pesos, aduciendo “daño moral”. Ahora él, contrademandará a la empresa y al Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. “Será por la vía penal y por daño ambiental. Los dos han sido omisos, sabiendo que existe un severo daño de contaminación no han actuado. Al contrario, recibieron basura adicional de San Cristóbal”, expuso.
Agregó que en unos días procederá a la demanda bipartita. “Los dos son responsables solidarios. El Ayuntamiento concesiona el terreno a la empresa. Alguien debe responder por los graves daños irreversibles”, enfatizó.
Remarcó que su principal exigencia es “ni un gramo más de basura en ese lugar”. “No es relleno sanitario, es un tiradero a cielo abierto por el que pagamos más de 10 millones de pesos mensuales, pésima recolección y traslado… que se reubique”, exigió.
La segunda petición es una planta de tratamiento para mitigar los daños ambientales imposibles de reparar.
Al referirse a la deuda que el Ayuntamiento tiene con Proactiva (300 mdp), la cual es utilizada por la empresa como pretexto para no actuar (aduce que debe gastar 160 mdp), señaló que “es una tontería; están anteponiendo su interés monetario al interés ciudadano. Todos en el Ayuntamiento han protegido a Proactiva, sean del color que sean”, subrayó.
Rescindir contrato a Proactiva
Cuestionado sobre la posible rescisión del contrato a Proactiva refirió que “se puede hacer fácilmente, incluso puse a sus órdenes a mi abogado, pero no han querido ni sentarse a considerarlo”, añadió.
Héctor Montesinos ya sostuvo tres reuniones con el edil Carlos Morales, quien adelantó que “no va rescindir el contrato. Está haciendo lo que hizo en la Secretaría del Medio Ambiente: nada, ser omiso. Se ha cerrado totalmente”, lamentó.
Mientras los lixiviados (de alto riesgo para la salud de todo ser vivo) viajan con su mensaje de enfermedad y muerte por el subsuelo, a los afluentes de Pacu, Suchiapa, río Santo Domingo, Grijalva, sin que las plantas (no) potabilizadoras puedan hacer algo más que distribuir el mal a todos los pobladores de la capital chiapaneca y más allá de sus fronteras.
Preocupación por contaminación
La regidora María Mandiola no oculta su pesar por la contaminación galopante y su preocupación por atender a la brevedad este asunto toral, por los aspectos jurídicos, operativo, y sobre todo ambiental. Así, propuso al edil tuxtleco Carlos Morales, crear la Comisión de Vigilancia a Proactiva.
“Urge tomar medidas ya, a corto plazo, mediano (3 años), y a largo plazo (5 años), conocer la situación jurídica q atravesamos; hay varias demandas de Proactiva contra nosotros y una de nosotros contra ellos por sus excesivas tarifas que cobra”, subrayó.
Según lo expresado por el edil capitalino en la primera sesión de Cabildo, el Ayuntamiento tuxtleco adeuda a la empresa más de 320 millones de pesos. Pero al considerar que el cobro es desmedido, con la ayuda de un despacho externo (Mauricio Gándara) presentaron un juicio de lesividad por cobro indebido, con lo cual se reduce unos 57 millones de pesos objetados, quedando una deuda de aproximadamente de 263 millones.
La regidora Mandiola Totoricagüena considera que el cobro es desmedido y el servicio deficiente. Por ello, dijo, tocarán puertas con diputados locales para plantear esta necesidad que debe ser solventada. “Se debe pagar, pero exigir un buen servicio. Lo primordial es mitigar el daño ecológico”, insistió. Sin embargo en el Congreso local ni siquiera se definen las comisiones.
Banda separadora inservible
Entre las deficiencias de Proactiva está la falta de mantenimiento de la banda de separación en la estación de transferencia, desde hace más de dos años. Esta negligencia ha menoscabado la ya de por sí alicaída economía del Ayuntamiento capitalino, que deja de percibir por el reciclaje, hasta un 20 por ciento de lo que paga a la empresa. Esto sería lesivo también y motivo de disminuir la deuda, aseguró la regidora panista.
Proactiva fue muy favorecida con el contrato para 20 años, desde el 2006 al 2026. “En el contrato hay una ecuación que dice que si se rescinde el contrato, aunque sea culpa de la empresa, el Ayuntamiento debe pagar cierta cantidad resultante de esa ecuación compleja”. Hay que calcular si conviene divorciarse o no. “Pero es mejor el acuerdo. Deberíamos conocer el método de otro lado, como el de Querétaro; retomar lo que ha funcionado”, enfatizó María Mandiola.
