De acuerdo con el monitoreo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), 7 mil 31 personas en los estados de Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán y Zacatecas fueron víctimas de desplazamiento forzado interno (DFI) en noviembre y diciembre del 2021, en al menos siete eventos violentos.
La información indica que en Chiapas los ataques armados a comunidades indígenas tsotsiles del municipio de Aldama, obligaron a unas tres mil personas a desplazarse, incluyendo a niñas, niños, mujeres y personas adultas mayores.
A partir de una declaración del consejero del Comité de Desplazados Forzados Internos de Chalchihuitán, muchas de las familias tsotsiles desplazadas en 2017, debido al conflicto territorial con Chenalhó, han podido regresar a sus hogares, mientras que algunas siguen viviendo en casas rentadas y prestadas.
Sin embargo, la institución no gubernamental denunció que las familias que han retornado siguen sin poder trabajar en sus parcelas, ya que están siendo utilizadas por personas de Chenalhó y resguardadas por grupos de corte paramilitar.
Es de destacar que el Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas” (Frayba) informó que durante el primer mes del 2022, las comunidades de Aldama reportaron 230 ataques provenientes de diferentes puntos de Chenalhó.
A este panorama se agrega la amenaza de un desplazamiento forzado de, por lo menos, 3 mil 499 personas en más de 12 comunidades vulnerables a los disparos.
El segundo evento de violencia en Chiapas que se dio en el último bimestre del 2021, fue una disputa por tierras en el municipio de Chapultenango, la cual generó el desplazamiento de diversas familias indígenas zoques, quienes fueron agredidas y les quemaron sus casas durante el ataque de un grupo armado, según la CMDPDH.
Ante estos hechos, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos hizo un llamado al Senado para que apruebe la iniciativa de “ley general en materia de desplazamiento forzado interno”, con el fin de tipificar el delito de desplazamiento forzado, “conforme una comisión permanente de diálogo entre legisladores, personas desplazadas y organizaciones”.
