"Carlos Herrera * CP. ""En materia religiosa aún es letra muerta la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, es hasta obsoleta, el gobierno tiene que pensar en replantear esta situación"", consideró el pastor Esdras Alonso González, al referirse a la retención de cinco evangélicos en la comunidad de San Antonio Venecia, municipio de Las Margaritas.
En entrevista, el pastor mencionó que ""el derecho a la libertad religiosa en Chiapas, simplemente es un discurso porque en la práctica, los usos y costumbres de los pueblos"" no respetan estos derechos y si el Gobierno del Estado ""les permite eso, es una complicidad"".
""Es lamentable que en este sexenio que estamos empezando ya haya una gran lista de problemas que tienen que ver con asuntos religiosos. Creo que el gobernador Sabines debe tener una visión más amplia; él está más cerca de la cúpula pero más lejos de las comunidades, muy lejos de la realidad de las comunidades, no sé si no le informan bien"", sostuvo.
Para el pastor que por anos ha defendido el derecho a la libertad religiosa, ""ya es tiempo de que se respeten las libertades, es tiempo que haya una oportunidad, que todos profesen la religión que quieran y que el cacicazgo de la región ya quite las manos en este asunto"".
El líder evangélico, quien es director de la Oficina para Asuntos Religiosos del Ayuntamiento de San Cristóbal, mencionó que el tema religioso ""es uno de los rezagos más serios que los gobiernos tanto del estado como el federal tienen pendientes en Chiapas"".
""Me sorprende mucho cuando se habla de nuevos gobiernos, de la nueva opción, de una nueva esperanza, de gobiernos que pintan un panorama tan interesante, deseamos una vida democrática, deseamos una vida de pluralidad, de tolerancia y de respeto"", indicó.
Expresó que el de Margaritas, no es el único caso pendiente, ""en Campo Grande (municipio de San Cristóbal) por ejemplo ya hemos turnado esto a la Fiscalía para que se investigue porque hay indicios, hay violación, hay varios agravios que jurídicamente tienen que irse por el orden penal, por ejemplo hay quienes han sido privados de su libertad"".
Informó que por ese caso, hay nueve personas indígenas de Campo Grande que están refugiados en la comunidad de Betania, municipio de Teopisca, que rentan una casita. Les despojaron de ocho hectáreas de terreno, a pesar de que hemos estado dando la batalla"".
Comentó que en éste, como en la mayoría de los casos de intolerancia religiosa, la Procuraduría Agraria, una dependencia del Gobierno Federal, ""ha sido hasta cómplice. Es muy triste que la autoridad tenga una actitud pasiva, indiferente y hasta cómplice"".
Afirmó que otra situación grave que casi siempre también se presenta en estos casos, es que hay funcionarios de gobierno ""que han dado visto bueno y firmado, avalado documentos que violentan las garantías individuales, inclusive legalmente se podría proceder en contra de estas gentes que han permitido la impunidad en estos hechos"".
""Tengo documentado desde 1966 cuando se inician las primeras expulsiones individuales en Chamula, pero se agudiza en 1972 cuando empiezan a ser masivas, luego en Zinacantán, Las Margaritas, Huixtán, Carranza, y otros municipios de la región"", aseguró.
""Lo molesto, lo indignante es que las autoridades, no solamente del municipio, sino también del Gobierno del Estado, que muchas veces ellos tratan de confundir que se trata de un problema agrario, un problema comunitario, cuando sabemos que hay una responsabilidad comunitaria de las diferentes iglesias de cumplir con sus obligaciones comunitarias"", concluyó.
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