"Lejos de cumplir con su meta de readaptar a los reos para la vida social, el sistema carcelario de México los adiestra en nuevas formas delictivas, les sirve como privilegiado centro de operaciones criminales, les da coartadas y hasta los beneficia por los límites que la ley impone a las penas acumuladas.
Esto puede que tristemente ya no sea noticia, pero lo novedoso es el detallado diagnóstico sobre grupos delictivos organizados hecho por la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Distrito Federal, que identifica a una docena de bandas con actividad en y desde los 11 dormitorios y áreas comunes del penal de Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa.
Tienen una precisa división del trabajo y de los campos de acción. Unos se dedican al asesinato, otros a la extorsión telefónica, y otros más a la distribución de alcohol, solventes, marihuana, cocaína y fármacos. Sus jefes tienen nombre, apellido y apodo conocidos.
Seguramente a los presos no les importa que presuntamente están allí para cambiar sus malas manas por medios honestos de vida, para aprender que el crimen no paga y que hay que respetar la ley y portarse bien.
Lo increíble es que las autoridades se conformen con el hecho de que el sistema penitenciario no solamente no cumple sus fines de reinserción social, sino que, siendo capaz de hacer un registro puntual de las bandas y sus actividades, no las sometan, y constrina su acción a exhibirlas, como si ese fuera castigo suficiente.
El control de las cárceles debe ser una prioridad para el nuevo jefe del Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard; el riesgo de no hacerlo puede llevarnos a situaciones similares a las que vivieron los brasilenos recientemente, donde las bandas tenían tal dominio de las prisiones que al intentar trasladar a uno de sus cabecillas provocaron una revuelta dentro y fuera de las cárceles, tan grave que dejó 150 muertos.
Lo que menos necesitamos es seguir sumando eso: muertos. Es indispensable mantener la capacidad de asombro ante hechos como los de que haya cárceles desde las que se delinque o bazucazos como los de ayer en el estado de Michoacán.
Un comando de 40 personas ""vestidos con uniformes camuflados tipo militar"" -ardid que cada vez parece más innecesario en una comunidad delictiva acostumbrada a actuar impunemente y donde muchas veces policías y ladrones se confunden- asesinó a mansalva a seis agentes ministeriales, los emboscó con más de 600 disparos de armas largas y por si fuera poco remató con cinco disparos de bazuca.
En Chiapas, ayer hubo 10 muertos en un enfrentamiento entre lancandones y habitantes de Viejo Velasco Suárez, Ocosingo, por disputas de tierras.
En Nogales, Sonora, dos bombas menores estallaron en dos establecimientos comerciales, uno de los cuales pertenece al presidente municipal panista Marco Antonio Martínez Dabdoub.
Como reconoce en estas páginas el ex secretario de Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero, la violencia no es gratuita, le cuesta a México 130 mil millones de dólares al ano.
No es este el mejor preámbulo para el cambio de gobierno, que será en dos semanas.
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