Será un criminólogo de la Universidad Autónoma de México (UNAM) quien realice criminalística de campo y mecánica de hechos en el caso de Jade Guadalupe Yuing Gómez, de 13 años de edad, encontrada sin vida en el interior de un centro deportivo el 14 de enero de 2020.
“Él será un tercero en discordia, porque ya hay otra criminalística de campo que hizo la Fiscalía, pero esta que van a hacer es muy importante para aclarar nuestras dudas”, dijo la familia de Jade.
A pesar de que la exigencia de justicia no se ha detenido, hasta ahora la familia de Jade asegura que las acciones de las autoridades correspondientes se han encaminado en la simulación y protección de los responsables por ser una institución del estado.
“Nosotros estamos obligando a las autoridades a que hagan su trabajo, porque realmente es una simulación, no es un trabajo de investigación. La verdadera investigación la estamos haciendo nosotras”, dijo Adriana Gómez, madre de Jade e integrante del colectivo Madres en Resistencia.
Por ello, el criminólogo de la UNAM indagará sobre los detalles que se encontraron en el cuerpo de “Jadecita”, como la llama Adriana.
Exhumación
La adolescente fue asesinada el pasado 14 de enero de 2020, en el transcurso de la mañana, pero a su madre (Adriana Gómez) la contactaron casi a las dos de la tarde con el aviso de que la niña de 13 años se había suicidado en los baños del Instituto del Deporte (Indeporte) de Tuxtla Gutiérrez.
Semanas antes, en una actividad escolar, Jade escribió que le temía a su entrenador de judo, disciplina que practicaba el día de su feminicidio. Desde entonces, Adriana no tuvo respuestas ni del entrenador ni de los directivos, compañeros o tutores de su hija.
Pero Adriana sacó fortaleza y comenzó a luchar, a resistir, incluso a la revictimización por parte de varios medios de comunicación y de la propia autoridad. Logró la exhumación del cuerpo de Jade.
Fue entonces que el antropólogo forense registró que la adolescente tenía una lesión en el pie, misma que pudo habérsela provocado otra persona o en un posible intento de escapar. Todas estas pruebas fueron presentadas ante Rosa Icela Rodríguez, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a nivel federal, pero aún no encuentran justicia.
