A casi dos décadas del Tratado de Libre Comercio (TLC), la actividad agrícola en México atraviesa una de sus etapas más críticas. El sector rural se encuentra en su etapa de desfallecimiento ante el nulo apoyo de los Gobiernos Federal y Estatal.
La producción de maíz, la principal actividad de las y los campesinos de México, ha disminuido drásticamente y esto obedece a varias aristas:
En primer término no existen programas de tecnificación al campesino, se acabaron los créditos a la palabra que en sexenios atrás se echaban andar, no existe un seguro por pérdida de cultivos como en el pasado ocurría y, lo que es peor, no hay un mercado rentable dónde colocar el grano.
Se dice que el agricultor de ahora siembra su parcela por una simple tradición familiar, más que por encontrar beneficios económicos al momento de la cosecha.
Se estima que en México existen dos tipos de productores: los de autoconsumo y los que se dedican a la comercialización a mayor escala.
Los primeros cuentan con una o dos hectáreas, mientras los segundos cultivan más de cinco hectáreas.
En el caso de los que se dedican al cultivo de autoconsumo (92 por ciento aproximadamente), un grueso importante de éstos ha abandonado sus tierras y han emigrado hacia otras entidades del país, incluyendo la Unión Americana, ante la incertidumbre que atraviesan en sus ejidos y sus comunidades.
De acuerdo a la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México (CNPAMM), este fenómeno ha ubicado a México como el primer importador de maíz en el mundo, y ha incrementado la dependencia alimentaria con Estados Unidos.
Se pasó de 396 mil toneladas importadas en 1992 a 9.8 millones de toneladas durante el ciclo 2011-2012.
Se necesita voltear los ojos al sector rural, no sólo para evitar una posible crisis alimentaria en el futuro, sino para garantizar una economía sólida en la mayoría de las familias que se dedican a este cultivo.
