El bello y empobrecido estado de Oaxaca es cimbrado por una protesta magisterial que amenaza con empeorar el conflicto entre la sección 22 del sindicato de maestros (SNTE) y las autoridades locales. El diálogo está interrumpido y la intransigencia parece dominar la situación, mientras los damnificados del comercio y la industria turística, así como de la población en general, lanzan un llamado de auxilio al gobierno federal y a las partes en pugna para alcanzar acuerdos inmediatos.
Pero los integrantes de la sección 22 han convocado a sus bases de apoyo para este 22 de julio a reforzar el plantón, que inició el 22 de junio, el cual arroja ya altos costos para el estado por bloqueos a vías de comunicación y edificios públicos, entre éstos las sedes de los poderes locales, además de danos materiales y económicos por la suspensión de la renombrada fiesta típica de la Guelaguetza, y causa una perturbación social de graves efectos.
Lo más dramático de la protesta es que sostiene demandas sociales seguramente justas y quizás hasta nobles en beneficio de 70 mil educadores, que no se han detenido en recurrir a la protesta violenta y hasta exigir la renuncia del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, como condición para entablar negociaciones.
De esa manera han desvirtuado un movimiento social que pudo ser limpio, pero que está resultando equivocado y costoso, al tiempo que han dado a sus alumnos y a la comunidad en que viven un pésimo ejemplo de lo que no se debe hacer cuando hay cauces civilizados y legales, justamente los propios para los profesionales de la ensenanza.
Por demás resulta sospechoso que estos perjuicios sean ocasionados por los propios oaxaquenos, que no parecen animados solamente por reclamaciones propias de su condición rezagada, sino por intereses políticos en paralelo con la efervescencia electoral.
El problema demanda ecuanimidad de parte del resto de los oaxaquenos; sensatez y decisión, de parte del gobierno, para procurar respuestas urgentes pero acordes con las posibilidades de un régimen de moderadas posibilidades económicas; y ante todo reclama diálogo y acción simultánea para frenar los excesos y restablecer la tranquilidad pública y el orden institucional.
Los maestros, como son, deben saber que los cargos de elección popular no son renunciables más que por causas graves y con la intervención y juicio de los otros poderes. El de Oaxaca fue un gobernador constitucionalmente elegido y, en principio, la voluntad popular debe ser respetada.
No debe esgrimirse con ligereza una demanda de renuncia de un gobernante como recurso ilegítimo para negociar un acuerdo. Está fuera de toda proporción pretenderlo así.
Las autoridades locales y federales parecen dispuestas a deponer la acción penal contra los infractores de la ley en aras de resolver el conflicto. Los maestros deben asumir una actitud consecuente con esa oferta. De otro modo, el problema va a complicarse. El avance democrático que todos deseamos ver fortalecido requiere de comportamientos legales en todos nuestros asuntos, sobre todo cuando atane a los siempre reconocidos maestros mexicanos. (El Universal)
