La Iglesia católica pidió respeto a los derechos humanos de las personas que ingresan por la frontera sur, ya que aseguró que no se pueden seguir permitiendo abusos hacia los migrantes en tránsito y solicitantes de asilo, quienes han sido dejados a la intemperie, sin documentos y son víctimas de engaños para acreditar su estancia legal en México, lo que ha generado una visible crisis humanitaria
Al respecto, en días pasados la provincia eclesiástica de Chiapas, integrada por la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, la Diócesis de San Cristóbal y la Diócesis Tapachula, sostuvo una reunión y emitió una postura.
La institución refiere que la reunión se centró en temas de análisis y la búsqueda de implementación de acciones concretas en temas como migrantes en tránsito, desplazados y víctimas de trata, así como solicitantes de refugio en nuestra región.
Sobre la migración de origen, vinculada a los chiapanecos que emigran, los religiosos destacaron que los chiapanecos no deberían migrar obligados por la pobreza o violencia, porque tienen derecho a encontrar oportunidades en su tierra natal y a una convivencia social pacífica, como también les asiste el derecho a migrar para el sustento de su familia.
“Creemos que desde la Iglesia católica deberían tener un acompañamiento pastoral desde su parroquia, como en algunas comunidades ya lo hacen”, señaló.
Además, la institución destacó que el fenómeno migratorio requiere que en nuestra frontera el respeto a los derechos fundamentales sea igual para todos sin discriminación y distinción alguna, por lo que hicieron un llamado a las autoridades a que garanticen y protejan la integridad de las personas migrantes, expuestas a ser víctimas de actos de corrupción, extorsión, violencia, secuestro y desaparición.
De la misma forma se destaca un llamado a los tres niveles de gobierno, a tener claridad en las políticas migratorias y no hacer más compleja la situación que ahora están enfrentando los migrantes.
Los representantes de la Iglesia católica lamentaron que en muchos de esos casos estén involucrados miembros de corporaciones policíacas o de otras instituciones gubernamentales en colusión con el crimen organizado.
