Ante la reciente aprobación de la Ley de Interrupción Legal del Embarazo de Niñas y Adolescentes en Chiapas, la Iglesia Católica en la capital cuestionó la medida, considerando que se trata de una ley que prioriza reducir cifras antes que sancionar a los agresores sexuales y atender las causas del embarazo infantil.
El arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, monseñor José Francisco González González, advirtió que la medida no atiende el problema de fondo ni contempla sanciones para los agresores sexuales, que son los responsables en la mayoría de los embarazos infantiles.
Legislación
Destacó que la iniciativa avalada por el Congreso del Estado “parece enfocarse más en reducir estadísticas que en garantizar justicia para las víctimas”.
“La iglesia siempre ha dicho que la vida debe ser tutelada; esta ley sorprende porque parece que no tiene ninguna cláusula donde al supuesto violador se le atienda con algo. Se quiere promover el aborto en adolescentes pero sin atender la causa del supuesto violador”, señaló.
Además, advirtió que promover la interrupción del embarazo sin atacar la raíz del problema podría derivar en nuevos riesgos sociales, como la trata y la explotación de menores, al tiempo que sostuvo que el aborto no representa una solución al embarazo infantil, sino que puede dejar secuelas físicas y emocionales en las niñas y adolescentes.
“El sufrimiento de la niña con el aborto no va a ser la solución. Hay alternativas, como la adopción, que permiten proteger la vida sin generar más daño”, afirmó.
Diputados
El Congreso del Estado aprobó la reforma con el argumento de garantizar el acceso de niñas y adolescentes víctimas de violación a un procedimiento médico seguro, gratuito y de calidad, en cumplimiento con estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.
En este contexto, Chiapas ocupa uno de los primeros lugares a nivel nacional en embarazos infantiles: cada año, más de mil niñas menores de 15 años se convierten en madres, la mayoría como resultado de agresiones sexuales.
