"Jesús Belmont Vázquez / Corresponsal / México, D.F. * CP. La Cámara de Diputados debe pronunciarse por realizar una investigación a fondo acerca de las agresiones de que han sido objeto periodistas chiapanecos por parte del gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, pues no resulta válido que se utilice la vía penal para controlar y acallar el libre ejercicio periodístico.
Legisladores de diversos partidos políticos, académicos, periodistas e investigadores, coincidieron en demandar que la Cámara baja haga un pronunciamiento para profundizar en las indagaciones sobre el encarcelamiento de comunicadores chiapanecos, ya que, enfatizaron, el gobernador del Estado debe entender que la crítica periodística no es difamación ni calumnia.
Durante la realización del foro ""La Despenalización de los delitos de prensa: elementos para una reforma legislativa"", se puso de manifiesto que el ejercicio periodístico no puede estar sujeto al capricho de los gobernantes y en el caso específico de Chiapas, resulta alarmante el hecho que en contubernio con el Congreso local el gobernador se hizo una Ley Mordaza a su medida.
El foro fue realizado por legisladores integrantes del Grupo de Trabajo de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados, encabezado por la perredista Beatriz Mojica Morga.
Durante su intervención, el articulista de los periódicos chiapanecos Cuarto Poder y El Orbe, Miguel González Alonso, comentó que al gobierno de Pablo Salazar no le ha resultado suficiente utilizar como herramienta al Derecho Penal (lo que debe ser el último instrumento de un gobierno más o menos democrático), sino que hoy se vale de artimanas dolosas y legaloides para agredir a sus críticos.
Silencio en Chiapas
El más reciente caso, agregó el articulista ante los legisladores, comunicadores y académicos, es la detención del companero Ángel Mario Ksheratto Flores, acusado, sin probanza de por medio, con la complicidad del Poder Judicial por la presunta comisión del delito de difamación en supuesto agravio de una funcionaria del gobernador Salazar.
""En Chiapas, barras y colegios de abogados, salvo una honrosa excepción la del licenciado Gabriel Soberano Velasco-, no se atreven a hablar de la mordaza. Los líderes sociales, los que aún andan libres, rehuyen el tema. A los que están presos se les entiende su silencio. Pero a la prensa, esa que cada día siete de junio se dice orgullosa del legado de Belisario Domínguez, tampoco se le escucha, pareciera temerosamente afónica para defender algo que tan sensiblemente le atane. Esa es nuestra dolorosa realidad. Ese nuestro tiempo"".
Y anadió: ""Pareciera como una especie de Tiempo de Canallas en donde nadie se atreve, y el que se atreve, suele ser huésped distinguido de cualquiera de los penales; tiene que aceptar que sus propiedades le sean afectadas o requiere de acudir a la figura del exilio"".
González Alonso destacó los ataques que en Chiapas de manera feroz se han volcado contra los periódicos, los directivos, familiares y los colaboradores de Cuarto Poder en la capital y El Orbe en Tapachula.
""En el caso de Cuarto Poder, el hijo de mi editor lleva anos preso sin que se le dicte sentencia. Eso, se ha denunciado a todos los niveles incluyendo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y no pasa nada"".
Gobierno francotirador
En el caso de El Orbe, el director Enrique Zamora Cruz fue detenido de manera arbitraria, incomunicado y sometidos a un maratónico interrogatorio, senalada por el mismísimo gobernador Salazar, quien lo acusó de haberlo difamado. zPor qué?, fácil, porque cometió la osadía de preguntar zen dónde andan los recursos del Fonden para atender a los damnificados?, con lo que estaba cumpliendo, en su calidad de medio de comunicación, con su función social. Uno de sus hermanos, Adolfo, a manera de ""ajuste de cuentas"" se encuentra en el exilio, luego de sortear una severa persecución producto de la invención de un delito.
Por lo que sucede en Chiapas se propone que en una cruzada nacional se procure, promueva y consiga que el Derecho Penal deje de ser el elemento recurrente de gobiernos francotiradores contra sus críticos, al trasladar, a los delitos de difamación y calumnia hacia los Códigos Civiles de los estados como ya ha sucedido en algunos casos, tales como el del Distrito Federal, donde solamente se espera su publicación.
En el citado foro participaron los diputados Jesús González Schmal (Convergencia), Ruth Hernández Martínez (PAN), Miguel Ángel García Domínguez (PRD), Carlos Reyes Gámiz (PRD) y el senador Javier Corral Jurado (PAN), así como los periodistas Lydia Cacho Ribeiro, Gonzalo Marroquín, Jenaro Villamil, Teodoro Rentaría Villa y José Reveles.
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