"Carlos Herrera * CP. El gobierno de Chiapas vendió en 16 millones y medio de pesos un terreno para construir una tienda del consorcio Soriana, en la zona poniente de esta ciudad de los Altos de Chiapas.
En total hermetismo, Soriana, el consorcio de supermercados con trato preferencial en el sexenio de Juan Sabines, se apresta a terminar una tienda más en el Barrio de Fátima, en una estratégica zona comercial de la ciudad.
La cadena comercial Soriana está a punto de terminar una tienda más sin un proceso transparente y abierto a la ciudadanía; toda la información se ocultó hasta el pasado martes en que se conoció la decisión del Congreso.
Para imponer una idea de que el proceso de compra-venta de los terrenos era claro, en julio del 2012, la titular de la Secretaría de Economía, Claudia de los Ángeles Trujillo Rincón, engañó diciendo que la venta se hizo ""mediante un procedimiento de enajenación onerosa, que pasó por el Congreso del Estado"".
Pero en ese momento no había iniciado el proceso de enajenación onerosa por el cual el Gobierno del Estado pretendía desincorporar el predio a una empresa particular, aunque después se supo que dichos terrenos ni siquiera serían vendidos sino donados a Soriana, según solicitó el gobierno de Sabines al Congreso de Chiapas, procedimiento que fue escondido por diputados y autoridades.
La información sobre la venta de los terrenos a Soriana se ocultó desde un principio a los sancristobalenses. Desde abril pasado, el Cabildo presidido por Cecilia Flores Pérez aprobó por mayoría otorgarle a Soriana la licencia de construcción y ratificación de uso de suelo; sólo los regidores Manuel Morales Zúñiga y Alejandra Pineda Mijangos (actual directora de Desarrollo Urbano), ambos del PRI, se opusieron.
""En esa ocasión nosotros nos salimos de la Sesión, no estuvimos de acuerdo porque el terreno es de utilidad pública"", declaró el ex regidor, quien mencionó que en esta ciudad hay muchos sectores inconformes con esta situación que ""está muy turbia, las autoridades nunca atendieron el interés del municipio"".
Desde mayo pasado surgieron las denuncias sobre la posible construcción de una tienda Soriana en los terrenos de lo que hace muchos años fuera la Fábrica de Hilados y Tejidos, luego una maquiladora de Kamel Nacif (que el gobierno de Pablo Salazar ayudó a construir con una inversión de 17 millones de pesos) y después un intento de la Unidad Administrativa Municipal, proyecto que el gobierno de Chiapas permitió que fracasara porque ya tenía otros intereses para dicho lugar.
En julio pasado y tras conocerse la declaración que hiciera la Secretaría de Economía sobre el proceso de desincorporación del predio en beneficio de la cadena de tiendas Soriana, el Consejo Ciudadano de San Cristóbal de Las Casas, que aglutina a amplios sectores de la sociedad sancristobalense, solicitó a autoridades del gobierno de Chiapas información sobre este procedimiento.
A la fecha, el gobierno de Chiapas no sólo no respondió los cuestionamientos hechos por el Consejo para conocer el proceso de desincorporación, sino que además permitió que el destinatario de la adjudicación haya tomado indebidamente posesión de la propiedad y hecho uso ilegal del mismo, pues no tiene el dominio al estar el caso apenas en análisis en el Congreso de Chiapas, por lo que tampoco ha sido publicado en el medio oficial de la administración.
El interés de ciudadanos por rescatar el terreno:
En un documento fechado el 15 de mayo de 2012 enviado a Juan Sabines, el Consejo Consultivo del Centro Histórico le solicitó ""su intervención a fin de que el Ayuntamiento cumpla con la disposición de cambiar sus oficinas administrativas que ocupan en el actual Palacio Municipal, al edificio (cuyo terreno fue vendido a Soriana) que ya fue acondicionado desde la administración municipal anterior"".
Le recuerdan que ""el gobierno que usted preside hizo entrega del inmueble al Ayuntamiento de Sergio Lobato García; con el Ayuntamiento siguiente de Mariano Díaz Ochoa y su autorización, se llevó a cabo la obra de remodelación de la antigua fábrica de ropa para uso de oficinas"".
No sin antes señalarle la urgente necesidad ""de descongestionar el Centro Histórico de la ciudad que permanece en un verdadero caos por los problemas de acumulación de basura, el ambulantaje en aumento, anarquía vial, la falta de agua, de estacionamientos, entre otros graves problemas"".
El uso de dicho inmueble para oficinas municipales ayudaría a la generación de un polo de desarrollo fuera del Centro Histórico, mejoría de los servicios municipales para la atención ciudadana (pagos de impuestos, servicios, trámites, etc.) que hacen largas filas de espera en el edificio actual.
Los empleados municipales tendrían instalaciones adecuadas para trabajar y no hacinados como están ahora, y la ciudadanía tendría un servicio administrativo eficiente; se podrían integrar servicios bancarios, transporte, estacionamiento, alimentación, disminución de automóviles de empleados y ciudadanos que son estacionados en el centro de la ciudad, entre otros beneficios.
""Señor Gobernador, solicitamos atentamente que se resuelva esta situación que deteriora no sólo la calidad de vida de quienes aquí habitamos, sino también la imagen de una ciudad turística como San Cristóbal que atrae a miles de visitantes y genera beneficios económicos a todo el estado"", señalaron.
El Consejo Ciudadano de San Cristóbal le envió un documento al presidente Felipe Calderón Hinojosa, señalándole que el día 15 de mayo pasado, el Consejo Consultivo del Centro Histórico de esta ciudad envió una petición al gobernador chiapaneco, Juan Sabines Guerrero, ""pero hasta el día de hoy no se ha obtenido respuesta alguna"", por ello ""elevamos la petición hasta usted"".
La solicitud, hecha el 1 de junio, fue en el sentido de que el Gobierno Federal interviniera para que el Ayuntamiento cumpliera con la disposición de cambiar sus oficinas administrativas que actualmente ocupan el Palacio Municipal, situado en el primer cuadro de esta ciudad, al edificio que acondicionado para tal efecto y que se encuentra ubicado en Periférico Poniente Sur s/n, Barrio de Fátima.
Le recuerdan que el citado inmueble había sido entregado al Ayuntamiento de San Cristóbal durante el período 2005-2007 por el gobierno de Chiapas; con el Ayuntamiento que le sucedió y con la autorización del gobierno estatal en el período 2008-2010, se realizó la remodelación y acondicionamiento del inmueble propiedad del Gobierno del Estado de Chiapas, para uso de oficinas municipales.
Los miembros del Consejo Ciudadano advertían entonces que ""en fechas recientes (se) otorgó el cambio de uso de suelo y el día de ayer se supo que están cercando el perímetro del inmueble en cuestión, aparentemente para iniciar una nueva obra y se rumora que ha sido concesionado a una tienda departamental"".
""No queremos pensar que se trate de un caso semejante al de WalMart, que ha sido escándalo internacional de corrupción entre empresa y funcionarios, sin embargo, el silencio de las autoridades estatales y locales, nos obligan a distraer su atención y a rogar su intervención inmediata"", afirmaban.
""Esta ciudad tiene gran escasez de espacios públicos, nada justificaría entregar uno más a una empresa privada que cuenta con recursos propios para solventar sus necesidades de expansión. Ojalá su intervención oportuna evite cualquier posible menoscabo del patrimonio público y podamos terminar de concretar una mudanza que mejorará la calidad de vida de quienes aquí habitamos y también la imagen de una ciudad turística como San Cristóbal que atrae miles de visitantes cada año y genera beneficios económicos para todo Chiapas y por ende para nuestro país"", concluyeron.
En otro documento, éste con fecha 23 de julio de 2012, el mismo Consejo Ciudadano denunciaba la furtiva demolición de las instalaciones de la antigua Fábrica de Hilados y Tejidos, misma que se hizo sin tomar en cuenta, entre otros: la inversión municipal, los derechos colectivos de los ciudadanos, el interés legítimo respecto al ordenamiento de su territorio y desarrollo sustentable del municipio, el derecho de consulta respecto a bienes que impactan la economía local y regional.
En este nuevo documento, dirigido a las autoridades del gobierno federal, estatal y municipal, los inconformes piden que se haga pública la información referente a este caso y se diera respuesta a las siguientes preguntas: ¿A qué dependencia de la administración centralizada o entidad paraestatal del estado se encontraba asignado el bien inmueble?, ¿En qué términos realizó la autorización el Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas al Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal para que se efectuara la desincorporación del bien inmueble?
También cuestionaron: En caso de ser una desincorporación por enajenación a título oneroso se solicita se expongan los razonamientos y justificaciones de la desincorporación por la autoridad competente, así como clarificar ante la ciudadanía los procedimientos del proyecto del bien inmueble en cuestión.
Todas estas preguntas hasta la fecha no han sido contestadas por las autoridades, dijeron, por lo que la ciudadanía sigue a la espera.
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