Tras las reformas aprobadas por el Congreso del Estado de Chiapas en materia de interrupción legal del embarazo, diversas iglesias y organizaciones civiles fijaron su postura y coincidieron en que la decisión legislativa “no era lo mejor” para la entidad.
Líderes cristianos y representantes de asociaciones civiles manifestaron su rechazo a las recientes reformas aprobadas por el Congreso del Estado, señalando que la prioridad debe ser la prevención, la educación y la protección de niñas, niños y adolescentes.
Postura
El pastor Julio Isaac Estrada, vicepresidente de la Convención Regional Bautista del Centro de Chiapas, expresó que las iglesias “siempre van a estar en contra” de estas reformas, al considerar que la vida debe ser defendida desde la concepción.
“Nosotros defendemos la vida desde el primer día, ya hay vida y debemos respetarla desde el momento de la concepción”, afirmó.
Recordó que hace un año el Congreso estatal modificó el Código Penal para despenalizar el aborto, y en semanas recientes aprobó nuevas disposiciones que garantizan el acceso al servicio de interrupción legal del embarazo para niñas y adolescentes.
Sin embargo, señaló que respetar la ley no impide a los líderes religiosos expresar su desacuerdo como ciudadanos, padres y abuelos.
“El Congreso pudo haber tomado otra determinación”, señaló.
Uso de recursos
Para él, los recursos destinados a garantizar servicios de aborto deberían dirigirse a la educación y a la prevención.
Añadió que en regiones como Los Altos de Chiapas, donde persisten patrones culturales relacionados con la violencia sexual, el reto principal es la reeducación familiar y el castigo severo a agresores.
En la misma línea, Alejandro Vargas, representante de la asociación Estableciendo Familias Fuertes AC, advirtió sobre la necesidad de analizar las estadísticas de violencia sexual, pues, según dijo, el 60 % de los casos de aborto documentados se presentan dentro del entorno familiar.
Señaló que muchos menores víctimas de abuso llegan a los servicios médicos acompañados por su propio agresor.
Insistió en que la política pública debe enfocarse en la prevención, en la atención integral a víctimas y en sanciones efectivas contra pederastas y agresores sexuales.
Por su parte, Paulina Calderón Aguilar, integrante de la organización Salvemos el Uno, calificó como preocupantes las determinaciones del Congreso del Estado.
Desde su perspectiva, las reformas afectan la estructura familiar y fomentan “una cultura de muerte”.
Expresó que la sociedad debe involucrarse más en estos debates y exigir a los legisladores decisiones que “salvaguarden la vida”.
Calderón Aguilar sostuvo que muchas mujeres que interrumpen un embarazo enfrentan consecuencias emocionales profundas y señaló que la falta de información entre la ciudadanía permite que decisiones legislativas pasen desapercibidas.
