La Suprema Corte de Justicia de la Nación sorprende gratamente al asumir una orientación garantista, con apego a la interpretación que protege los derechos fundamentales establecidos en la Constitución. Esos derechos individuales a los que las y los mexicanos aspiramos. Su loable proceder desnuda, sin embargo, la pasividad y negligencia de los otros poderes para investigar presuntos abusos de autoridades o de influyentes actores privados.
Justificado es a un ano de episódicos brotes de violencia y un saldo de casi tres decenas de muertos que el Poder Judicial cree una comisión para investigar si en Oaxaca las autoridades estatales y/o federales violaron las garantías constitucionales o propiciaron por omisión el clima de inseguridad y violencia que ensangrentó al estado el verano pasado.
Este sentido establece una orientación de lo que en los próximos días la Corte podría resolver en cuanto a si hay o no materia para fincar responsabilidades al gobernador de Puebla, Mario Marín, por atentar contra la libertad de expresión de una periodista al fraguar el atropello y encarcelamiento de Lydia Cacho, quien en su libro Los demonios del Edén, relata abusos sexuales a ninos por parte de empresarios, funcionarios y políticos en Cancún.
En su faceta garantista, esta Corte ya ha establecido parámetros de referencia al echar por tierra la negativa de la Secretaría de la Defensa Nacional de dar atención médica y discriminar a soldados portadores del virus de inmunodeficiencia adquirida, por considerar que violaba sus derechos laborales.
Estamos, pues, ante un eminente cuerpo colegiado, presidido por el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, abocado a atender rigurosamente uno de los asuntos más escabrosos y sensibles de nuestro régimen legal: el de la violación frecuente de los derechos esenciales del ser humano.
El precedente que viene de inmediato a la memoria es obvio: la forzada renuncia del gobernador Rubén Figueroa Alcocer por la matanza de Aguas Blancas, en 1996, luego de que la Corte, entonces presidida por Vicente Aguinaco Alemán, ordenó investigar el abuso.
La reforma del Poder Judicial alentada dos anos antes por el presidente Ernesto Zedillo, permitió separar a un mal gobernante de su cargo, pero develó limitaciones pues prevaleció la impunidad, principal aliento para transgredir las garantías individuales de los mexicanos.
No es inútil recordar que históricamente ha sido la autoridad en los tres niveles de gobierno la principal senalada en los casos de la Corte, pero tampoco han faltado recientemente frenos a poder fácticos que pretendían imponerse al Estado
Es con la defensa de las garantías constitucionales cuando brilla con mayor intensidad la independencia de la Corte; los litigios entre poderosos son parte de su trabajo, pero la vocación que están demostrando sus 11 ministros es la de erigirse en defensores de los derechos del individuo que se enfrenta a un aparato abrumador de intereses económicos y políticos intocables e invencibles para otras instancias gubernamentales.
En la celebración cabe una nota de cautela: la Suprema Corte debe blindar su contribución nacional ante la tentación del protagonismo. (El Universal)
