Derivado de los cambios a la Ley Federal de Protección al Consumidor aprobadas en la Cámara de Diputados, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tendrá la facultad para arrestar hasta por 36 horas a proveedores reincidentes en abusos o que se nieguen ser verificados por la institución.
Quienes incurren en responsabilidad administrativa y pueden hacerse acreedores de estas medidas, son los proveedores de bienes o servicios por los actos propios que atenten contra los derechos del consumidor y por los de sus colaboradores, subordinados, vigilantes, guardias o personal auxiliar que les presten sus servicios.
Selene Okina, investigadora, explicó que el artículo 25 advierte que la Procuraduría podrá hacer uso de diferentes medidas de apremio como multas de hasta 24 mil 436 pesos, el auxilio de la fuerza pública y ordenar el arresto administrativo hasta por 36 horas.
Esta medida, determinó la también docente, tiene impactos positivos y negativos, pues para el consumidor, representa mayor certeza jurídica frente a actos poco transparentes o ilegales, y garantiza que los servicios que reciba sean de calidad, avalados por las autoridades.
Mientras que para los proveedores que no respeten las normas, será poco favorable ya que podrían ser sancionados con esta medida.
“La autoridad busca con ello desincentivar conductas ilícitas y combatir la impunidad con que actúan algunas empresas perjudicando al consumidor”, comentó.
Cabe señalar que entre las nuevas atribuciones se encuentran también cobrar las multas que la institución impone, recurrir a clausura temporal o total de establecimientos, y aunque no están claros los casos en los que se pueda aplicar el arresto, puede interpretarse que serán usados como una medida de presión.
Okina, definió adicionalmente, que las multas que impone la Procuraduría ahora se convertirán en créditos fiscales, por lo que para 2019 las multas serán consideradas de dicha naturaleza y la propia institución se volverá una entidad fiscalizadora.
Esto significa que el cobro de dichas multas se ejecutará con base en la legislación que marca el Código Fiscal de la Federación.
