Luego de informarse el recorte presupuestal de hasta un 75 por ciento en las áreas naturales protegidas, Cinthya Reyes Hartman, directora general de la asociación civil Tierra Verde, Naturaleza y Cultura, advirtió que empeorará la degradación de las reservas en la entidad y se podrían disparar los casos de tala ilegal y el saqueo masivo de animales ante la falta de personal para vigilar.
La decisión que tomaron los representantes del gobierno, remarcó, es muy grave, tomando en cuenta que existen organizaciones sociales que llevan varios años trabajando con las comunidades para que tengan un manejo adecuado de los recursos y para que sean ellos los primeros guardianes de la naturaleza.
Al analizar el tema de los “ajustes” presupuestales, dijo, ahora la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) en la parte Regional apenas contará con un monto mínimo de operación (78 mil pesos por reserva) para un año que, al dividirlo, da un promedio de inversión de nueve pesos con 56 centavos por hectárea, dinero que no alcanzará para nada.
“La parte de caza, tala y destrucción del medio ambiente va a ir en aumento, en consecuencia va a traer más pobreza, más desigualdad y más problemas con temas de agua y de salud”, consideró.
Lo que preocupa, dijo la integrante del Consejo Asesor en el Parque Nacional Cañón del Sumidero, es qué pasará con las comunidades y cuál será la nueva forma de dar seguimiento a los trabajos de conservación que se están haciendo en todas las áreas.
Lo que no parece comprensible, remarcó, es que por un lado el gobierno le apueste a un proyecto de reforestación con millones de árboles (Sembrando Vida) y, por el otro, aplica un recorte para dejar sin protección a los espacios que tienen muchos años de trabajo y con servicios ecosistémicos.
Como un ejemplo, recordó, la Reserva de la Biosfera La Encrucijada otorga beneficios a más de siete mil familias de pescadores, además de la cantidad de agua que aporta la Sierra Madre de Chiapas. Debemos entender, añadió, que el medio ambiente no puede pasar a un segundo plano en temas de implementación de políticas públicas.
“Como organización nos dejó desconcertados esta decisión, no entendemos cuál es el plan entonces de este gobierno para poder darle seguimiento y respaldo a las áreas que todavía se mantienen conservadas”, complementó.
De acuerdo con lo comentado, México está invirtiendo menos recursos económicos de los que debería para proteger las áreas naturales, a pesar que se tienen compromisos con la biodiversidad y por el daño ambiental que se hace en otras actividades. Los informes han revelado, dijo, que el costo para México por la degradación de los espacios asciende al 4.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
La organización a su cargo estaba realizando actividades vinculadas al monitoreo biológico, ecotecnia y otras estrategias que abonan a la sustentabilidad; la forma de moverse es con recursos nacionales e internacionales, sin embargo, el personal de la Conanp facilitaba el cumplimiento de los objetivos y de los resultados.
Ahora con los recortes presupuestales, consideró, las organizaciones también se quedarán solas y no habrá quién dé seguimiento a las acciones que se hagan en las áreas que buscan protección; ahora, remarcó, también pueden aumentar empresas mineras o que extraen minerales y que no habrá manera de hacerle frente.
