La mayoría de los crímenes en contra de personas defensoras de derechos humanos que han sido asesinadas en México, se encuentran en impunidad; desde diciembre de 2018 hasta noviembre de 2022, 141 defensores han sido privados de la vida.
De los casos confirmados a nivel nacional, 34 han ocurrido en Oaxaca, convirtiéndose en el estado más peligroso para la defensa de derechos humanos; le siguen Guerrero con 25, Chiapas con 14 y Chihuahua con 10. Estos cuatro estados suman más de la mitad de asesinatos, ejecuciones y desapariciones de personas defensoras.
Datos que recopiló el Servicio de Educación Alternativa Educa, en su campaña videodocumental “Alas y raíces de los movimientos sociales en Oaxaca”. Cabe destacar que en la lista de las 17 personas defensoras desaparecidas, este año se encuentran las mismas cuatro entidades federativas.
¿Cuáles son las causas?
Entre los principales temas por los que son asesinados los defensores en el sur del país, se encuentra la defensa de la tierra y el territorio, frente a inversiones y proyectos de desarrollo.
Otro dato que resalta, es que el 91% de los defensores pertenecía a un pueblo indígena.
Informe
De acuerdo al informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras ambientales en México, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), el 46.3 % de las agresiones fue hacia miembros de las comunidades indígenas.
Seguido de un 27.8 % hacia integrantes de la sociedad civil y en tercer lugar, 17.6 % hacia personas independientes.
El Cemda explica motivos de la violencia. Subraya que en los procesos en materia ambiental no se realizan de manera legal, no son culturalmente adecuados, no se respeta el derecho a la información, participación ni autonomía y que, en general, no se apegan al estándar de protección constitucionalmente instaurado.
Anomalía
En segundo lugar destaca la lentitud y omisión de las entidades de justicia para resolver los conflictos socioambientales que han sido llevados ante tribunales. Caso contrario, documentaron criminalización en contra de las personas defensoras.
En tercer lugar, existe una omisión para investigar hechos de violencia; finalmente, una ineficacia de los mecanismos de protección de personas defensoras para desarrollar su labor.