Una persona en contexto de movilidad de nacionalidad salvadoreña contaba con la condición de refugiado en el país por parte de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), sin embargo, personal del Instituto Nacional de Migración (INM) violentó sus derechos humanos y la extraditó a su país de origen, “donde su integridad peligra”, el cual es motivo para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitiera la recomendación 51/2023.
El hecho violatorio por el que se realizó la recomendación es por violación a los derechos humanos a la seguridad jurídica, al debido proceso, a la legalidad, a la libertad personal y al principio de no devolución, los cuales son atribuibles a —por lo menos— dos personas servidoras públicas adscritas al INM en la ciudad de Tapachula.
La Comisión destaca que las pruebas ya fueron recabadas mediante las actas de comparecencia de las autoridades; la queja fue presentada por los padres de la víctima de 22 años, que si bien fue reconocida como refugiada por la Comar, fue detenida el 13 de agosto; asimismo, fue puesta a disposición ante autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la ciudad de Tapachula, debido a que no exhibió documentos que acreditaran su estancia regular en México.