"Elam Náfate * CP. ""Esta iniciativa de otorgar concesiones al finalizar un sexenio es un vicio que no sabemos erradicar; habrá inconformidades que tendrá que solucionar la administración entrante"", precisó Apolinar Oliva, economista e investigador de la Unach.
Tendríamos que empezar preguntándonos cuáles son las funciones que tiene que cubrir el transporte público, entonces se ha considerado que es un asunto público porque es un bien estratégico poder comunicarse de manera adecuada, en costos adecuados y comunicarnos las diferentes regiones y comunicarnos al interior de las ciudades con el transporte urbano, sostuvo.
Tiene una función de interés público, por eso se regula.
En este sentido la forma como se regula y se trata este asunto público, nos dice la calidad de gobierno que tenemos.
""Lo que hemos visto es que el transporte público no está cumpliendo las funciones de interés público que se le ha puesto y se ha utilizado más bien como estrategia de impedir la entrada de otras empresas u otros servicios.
""Entonces se privatiza la función para ser rentable para unos cuantos y es lo que está demostrando con esta cantidad de concesiones que se están dando, que además es una práctica común de los gobiernos poco democráticos"", detalló el investigador.
Al final de la administración hacen lo que llamó ""piñateo"": se reparten notarías, concesiones, se reparten todo lo que sea concesionable a los cercanos.
Y esto se debe a que no hay contrapesos en las diversas instancias del poder, el Ejecutivo decide todo, y en este caso el Congreso no diseña las estrategias para que no ocurran estas cuestiones al final del sexenio.
Esto no es algo nuevo. Si vemos en el sexenio anterior, de seis a ocho meses antes de concluir, hay reparto de concesiones, nuevos notarios públicos, permisos de construcción, cambios de uso de suelo, o sea se hace un ""piñateo"" de recursos y atribuciones, señaló.
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