Aunque parezca obvio, es necesario decirlo: para que haya rendición de cuentas primero deben existir las cuentas. Elemental, pero importante ahora que en la Cámara de Diputados se analiza dar recursos a entidades gubernamentales y programas sociales que no tienen la obligación de informarnos a los contribuyentes en dónde queda el dinero o para qué fue útil.
Primero se necesita un sistema que permita medir, acotar y diagnosticar la eficiencia de los programas. Sin un método claro para indicar cuándo, cómo, en qué se va a gastar y quiénes deben beneficiarse no hay forma de saber si valió la pena invertir millones de pesos en supuestas causas nobles.
En nuestro país, lamentablemente, este principio básico no es la regla, sino la excepción. La valuación de las políticas públicas y el uso de los recursos sigue siendo opcional para los gobiernos federal, estatales y municipales. Por ello México mantiene año con año estrategias fallidas sin que los legisladores se ocupen de condicionar el dinero a la obligación de rendir cuentas.
Ya se mencionaba en este espacio cómo el programa Procampo entregó la mayor proporción de sus recursos a agricultores ricos, cuando supuestamente estaba diseñado para reducir las brechas de competitividad entre los campesinos mexicanos. Un fracaso que sobrevivió 15 años porque nunca existieron reglas que garantizaran la correcta aplicación del programa y que hoy algunas autoridades necias proponen continuar.
Tiene sentido desde esta perspectiva escuchar las voces -como el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, senadores de diversos partidos y especialistas en la materia- que exigen no entregar un centavo más a Procampo si antes no hay métrica y diagnósticos precisos. øQué pase de magia habríamos de hacer los mexicanos para que un día se imponga el sentido comúnú (El Universal.
