"Ayer la magistrada Elvia Díaz de León informó que en lo que va del ano, ocho jueces de distintas partes de la República Mexicana han recibido amenazas de muerte por parte de la delincuencia organizada, sobre todo en casos en los que se involucran delitos como narcotráfico, secuestro y tráfico de órganos.
Por otra parte, ayer mismo, el procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, aseguró que, pese a la ola de violencia y ejecuciones que se registra en México, los índices en nuestro país son menores que en Estados Unidos, donde se cometen hasta dos mil ejecuciones en un solo ano. ""Estos datos hacen ver que, no obstante el problema tan grave que tenemos en esta materia, la situación no es para que nos sea senalada por otro país, cuando el problema que tenemos es totalmente compartido"".
Ambos asuntos, aunque aparentemente distantes, tienen un vínculo dramático, que es el de la violencia y que es el del debilitamiento del estado de derecho.
Veamos: el de la violencia en México es, naturalmente, un tema que nos preocupa y que debe encontrar una pronta solución por parte de los gobiernos federal, estatal y municipal. Ciertamente, el procurador Cabeza de Vaca toca un punto sensible de la perspectiva estadounidense respecto de la violencia en México.
No obstante, mucho se ha insistido, por ejemplo, en la carencia de efectividad en aquella nación para frenar el consumo de enervantes, que activa todo el mercado de la oferta, que se extiende hasta el sur del continente sin que las autoridades de aquel país lo enfrenten con el mismo rigor que exigen al gobierno mexicano.
En todo caso, el intercambio binacional de reproches, a partir de consideraciones cuantitativas sólo empana el clima de colaboración que se necesita para echar a andar los mecanismos de inteligencia y seguridad que nos han prometido aplicar de inmediato.
Queda claro que para los mexicanos el tema de la violencia y de las ejecuciones es un problema que nos preocupa, y mucho. Nos encontramos ante un enorme reto en el que está de por medio, además de la seguridad y la vida de millones de mexicanos, la estabilidad misma del Estado.
Y este Estado se ve amenazado en su totalidad cuando los encargados de impartir justicia, como son los jueces, enfrentan serias amenazas que buscan inducir resultados en favor de la criminalidad y ello no puede ni debe ser: las autoridades correspondientes deben estar alerta y garantizar la integridad del sistema judicial mexicano, habida cuenta de que una amenaza a ellos es, en sí mismo, un desafío al estado de derecho en nuestro país y estas amenazas son, por todas formas, intolerables.
El estado ha de ser suficientemente capaz para revertir dichas agresiones a la estabilidad judicial del país, porque de otra forma, sin seguridad pública y sin jueces confiables, el resto de la vida nacional sería inviable. Asimismo, no podemos permitir que la violencia y las ejecuciones sean cosa de todos los días, a lo largo y ancho del país, porque de acostumbrarnos a eso, el día de manana nos estaremos acostumbrando, también, a intervenciones cada vez más insolentes de la delincuencia en la vida nacional.
Son tiempos de un trabajo coordinado dentro y fuera de México con todos los aliados necesarios para, dentro de la ley y la Constitución mexicanas, unir fuerzas y dar los golpes sistemáticos que en verdad se requieren para acabar con las condiciones de impunidad, complicidad y libertad de que se sirven los delincuentes para amenazar al Estado y a la democracia. (El Universal)
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