La sociedad mexicana presencia consternada el lamentable y más reciente escándalo que involucra a políticos empenados en obtener la candidatura presidencial de su partido para contender en las elecciones del domingo 2 de julio del ano próximo.
La información de que Juan Pablo Montiel, hijo del aspirante a candidato presidencial, Arturo Montiel Rojas, tenía depósitos por 35 millones de pesos en su cuenta bancaria, y que su otro hijo, Arturo Montiel Yanez habría adquirido un terreno valuado en 21 millones de pesos, al contado, surgida de una filtración, debe ser escrupulosamente analizada por las autoridades para deslindar responsabilidades y determinar si hay o no delito que perseguir; independientemente de lo cual, en razón a ser un hecho público de personajes públicos, los detalles deben ser conocidos por los ciudadanos, quienes merecemos una explicación por cada uno de estos procedimientos, pues, si no hubiera delito detrás, no debería negarse la precisión de la información, misma que merecemos quienes habremos de ejercer nuestro derecho al voto.
En todo caso, a la clase política mexicana parece preocuparle más el hecho de que hubiera filtraciones, como si los ciudadanos mexicanos no debiéramos conocer la letra pequena de lo que hacen en política, mientras que la materia central del problema, que es el origen, actores y destino de los recursos, parece ser lo de menos.
Así, en aras de la proclamada transparencia en la que estamos empenados, tenemos el deber insoslayable de exigir que, puntualmente, se esclarezca todo lo relativo a estos recursos, lo cual, reiteramos, deberá ser calificado por la autoridad competente, de tal forma que mientras no se demuestre la culpabilidad, Montiel y sus parientes son inocentes, de tal forma que él mismo debe dar satisfacción suficiente para avalar la legalidad de estos recursos, lo cual haría una demostración de transparencia política siempre saludable. Aquí mismo hemos insistido en la importancia de la transparencia informativa, lo que quiere decir que tanto recursos, como bienes, apoyos, donantes y todo aquello que involucre dinero orientado al quehacer político deben ser conocidos al detalle, sobre todo en tiempos en los que se habla de cambios, los que no deben ser sólo de estructuras sino también de actitud y de confianza en lo que públicamente se hace.
Así, el asunto de los dineros que se involucran en las campanas políticas, principalmente de la envergadura de la presidencial, ha conducido al Instituto Federal Electoral a proponer que la Secretaría de Hacienda revise la situación financiera de partidos y candidatos en 2006, para detectar si hay evasión fiscal, de fondos no declarados, o si hay intentos de legitimación de recursos provenientes del tráfico de drogas o el crimen organizado. Es muy preocupante que tengamos que llegar a esos extremos, al suponer que pudiera haber colusión entre crimen y política, pero es preferible una honrosa fiscalización frente al riesgo de la filtración de los contactos criminales en los más altos niveles del poder público de nuestro país.
El IFE deberá conseguir que como éste, existan otros filtros que lleven a exigir transparencia y a evitar fenómenos de corrupción política que ya no deben ser tolerados por nadie. El escándalo afecta y lesiona no sólo a los senores Arturo Montiel y Roberto Madrazo, sino también al PRI, a toda la clase política mexicana y, por supuesto, a todos nosotros que no debemos permitir fenómenos de corrupción o ser víctimas de argucias que pretenden danar a un adversario político, en un juego de descalificaciones que deja muy mal parados a los partidos políticos. (El Universal).
