"Los comentarios de la semana han levantado nuevamente el tema de la pertinencia de la reforma electoral en materia de acceso a los medios electrónicos en campanas electorales.
Los reformados artículo 41 constitucional y Cofipe prohíben la compra de tiempo por parte de partidos políticos y particulares para fines políticos, y dan al IFE la autoridad de distribuir los tiempos oficiales entre los partidos.
La opinión pública está dividida en dos. Los que piensan que se trata de un retroceso que conculca la libertad de expresión y los que sostienen que es un adelanto en la equidad, que, además, impedirá la transferencia de dinero de los contribuyentes a estas empresas y los ataques de los ""poderes fácticos"" a candidatos y partidos, como ocurrió en 2006. La reforma abarca otros asuntos, pero el debate se ha centrado principalmente en éstos.
Es importante no olvidar que esta reforma se produjo después de una de las mayores pifias legislativas de los últimos tiempos, a saber, el fracaso del Congreso en dar prioridad al interés público mediante una nueva ley de medios que remedie la centralización del espacio electrónico en dos consorcios televisivos y un punado de oligarcas radiofónicos. Estas empresas actúan en flagrante contradicción con el precepto constitucional de que las ondas hertzianas deben servir al interés público. Desde luego, la estructura empresarial que las domina no equilibra las aspiraciones económicas legítimas y con el profesionalismo informativo y de entretenimiento que requiere una sociedad moderna y educada.
La aberrante ""ley de medios"" puso en evidencia el vergonzoso sometimiento de los partidos al poder mediático justo antes de las elecciones de 2006. A medida que éstas se aproximaban, la decisión de los partidos, incluido el más agraviado a la postre, el PRD, consistió en no tocar el poder de los barones de los medios.
En vez, el ""remedio"" a los excesos de las campanas de 2006 fue cambiar las reglas electorales. Una vez más, los legisladores taparon un hoyo abriendo otro.
Tienen razón los 15 colegas que interpusieron el amparo ideado por Fabián Aguinaco. La reforma conculca el principio de libertad de expresión. No se trata de quién puede o no pagar un espacio en radio o tv, sino de que el Congreso suprimió el derecho a hacerlo. Y también tienen razón en algo en que hemos insistido desde hace anos: la ausencia de controles del ""Poder Constituyente"" para cambiar la Constitución hace que el ""G3"" (PAN, PRI y PRD) cambie la Constitución sin ton ni son para servir asuntos de exclusivo interés del poder partidario.
La reforma que se requiere no es la que se hizo en lo electoral, y los que tendrían que hacerla bien tiemblan de miedo si se trata de ponerle el cascabel al gato.
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* Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM
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