Las últimas semanas México ha visto 41 ejecuciones en un solo día, contradicciones de altos mandos policiacos por el secuestro de Fernando Martí, ataques de corte terrorista en Morelia, decenas de muertos en un motín penitenciario en Tijuana y ayer heridos por otro incidente en Monterrey. Los hechos son abrumadores, pero hace falta analizarlos sin pasiones y ver que sucesos en apariencia aislados tienen soluciones comunes.
El mismo sistema de justicia incapaz de actuar rápida y eficazmente contra delitos del fuero común es el que permite la evolución de esos crímenes a otros de alto impacto de jurisdicción federal. Pero ni la PGR ni la SSP y ni siquiera el Ejército tienen la capacidad de enfrentar el caos que se ha esparcido por toda la República.
La detención del presunto líder de la banda de La Flor y posteriormente de personas que se vinculó sin pruebas suficientes al atentado en Morelia hablan de una inexistente capacidad de investigación por parte de los cuerpos de seguridad mexicanos.
Si se confirma la responsabilidad de la agente federal Lorena Hernández en el secuestro de Fernando Martí, también quedaría demostrada la ineficacia de los controles de ingreso a las policías.
Para agravar la situación tenemos un sistema penitenciario que sólo posterga por unos anos la salida a la calle de criminales que, de cualquier manera, pueden operar sus delitos desde la cárcel.
Tijuana y Monterrey son noticia hoy por el motín de reos. La anarquía que lo permitió es una historia aneja en el primer caso. Apenas en agosto de 2002 las autoridades desmantelaron en un operativo una zona en ese penal que era conocida como El Pueblito, viviendas con aire acondicionado y banos construidas con desperdicios industriales que un grupo de presos alquilaba a los demás...
