"Francisco Valdés Ugalde * SUN
A colaboración publicada la semana pasada en este espacio (""Los proyectistas"") ha provocado reacciones de los lectores que me parece necesario comentar. En ella critiqué la tendencia providencial de muchos dirigentes políticos a lo largo de la historia de México por dar al país ""proyectos de nación"" que tienen por característica la definición de metas últimas que uniforman el sentido de identidad colectiva y que no pocas veces han justificado extralimitaciones e imposiciones arbitrarias de un grupo sobre los derechos generales de los ciudadanos.
Agregaba que perspectivas razonables para el país implicarían dos cosas: establecer metas, procedimientos y políticas para atender los grandes problemas nacionales y construir un estado de derecho que dé certidumbre a todos, sin caer en las tentaciones mesiánicas de proyectos únicos.
Varios lectores recibieron con interés este análisis; algunos me hicieron llegar comentarios coincidentes, otros cuestionaron mi enfoque y defendieron la necesidad de que el país cuente con un proyecto y no solamente con las reglas fundamentales del estado de derecho que den certidumbre a cada individuo para realizar sus legítimas aspiraciones.
Me parece importante hacer aclaraciones en dos sentidos. Primero, que no es lo mismo un proyecto providencialista, situado por encima del marco republicano que un proyecto adoptado mediante procedimientos democráticos y con suficientes niveles de consenso para atender los grandes problemas del país. En segundo lugar, que instaurar en México un verdadero estado de derecho es parte constitutiva del segundo tipo de proyecto. Se trata no solamente de hacer efectiva la vigencia de la ley sino de contar con leyes formuladas para dar al ciudadano garantía verdadera de sus derechos a través de instituciones de justicia y gobierno que tienen graves rezagos.
Basta observar cómo funciona el Ministerio Público para concluir que la justicia ""de ventanilla"" no está realmente al alcance de la gente.
Este ejemplo tiene graves implicaciones entre las que deben resaltarse dos: la presencia de altos niveles de incertidumbre y desconfianza en la vida nacional, y la gran dificultad para hacer valer derechos en forma sencilla y expedita.
La construcción de un proyecto conjunto en un marco democrático y pluralista, a diferencia del viejo sistema, requiere actitudes, disposiciones y operaciones políticas muy diferentes a las que prevalecían antano.
En un sistema democrático no puede imponerse un punto de vista unilateral. Para eso es la justicia constitucional, para introducir principios contramayoritarios que eviten la violación de los derechos de individuos o minorías ante eventuales imposiciones de la mayoría. Pero pongámoslo al revés: la democracia requiere acuerdos consensuados entre diferentes puntos de vista. Sobre todo si se trata de establecer principios y políticas de carácter estratégico. Ejemplos de estos son los derechos universales de la persona y el ciudadano ante sus iguales y frente al poder, o leyes orientadas a producir políticas públicas para realizar ciertos objetivos generales más allá de diferencias ideológicas que naturalmente existen entre partidos y grupos.
Entre estos objetivos están la defensa del territorio y el Estado, la garantía de niveles básicos mínimos de vida o acuerdos estratégicos sobre el desarrollo económico, o la recaudación fiscal, entre otros.
Si las cosas se plantean adecuadamente, no existe ninguna contraposición sustancial entre la existencia de un proyecto colectivo, los procedimientos democráticos para arribar a él y la vigencia de los derechos de cada individuo o grupo para emprender proyectos propios, decididos libremente sin la intervención del tufo autoritario de los ""proyectos de nación"" impuestos a los mexicanos por las diferentes formas de autoritarismo que han recorrido en el tiempo la vida nacional y cuya tentación sigue latente.
Pero el diablo está en el detalle, y éste consiste en que no hemos podido darnos un proyecto colectivo en condiciones democráticas que combine razonablemente estos ingredientes: proyecto colectivo o si se quiere estratégico con democracia y libertad.
Si tomamos como instancia del problema las polémicas legislativas sobre las iniciativas de reforma en campos trascendentales como el energético, el laboral o el fiscal, se observa una presencia de visiones unilaterales irreductibles. Muchos de quienes sostienen estas posiciones encuentran de una u otra forma asidero en fórmulas ideologizadas de gran rigidez y se rehúsan a establecer debates que podrían conducir al cambio (no a la rendición) de la posición que se sostiene.
Si se repara en este punto, el ""detalle"" consiste en que la democracia pluralista conlleva la coexistencia de puntos de vista diferentes y, por lo tanto, fuerza al compromiso bajo ópticas relativamente compartidas acerca de problemas tan complejos, pero tan cruciales, como la viabilidad económica al país.
No aceptar este principio subjetivo de la democracia condena, por ejemplo, a la industria petrolera, al mundo del trabajo y a la fiscalidad del Estado a la situación de bancarrota o atraso en que se hallan; situación, por cierto, de la que no puede surgir ningún proyecto.
Negarse a recorrer este camino es voltear la cara al desafío principal de la democracia, que es fundar un proyecto sin pretensiones hegemónicas, en el que el objetivo principal es dotar a cada persona de capacidades y garantías necesarias para desarrollarse y no la imposición de visiones uniformes.
Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
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