"Sergio Granda * CP. Ninguno de los antecedentes en casos denunciados de ejecuciones y otros delitos nos permiten pensar que ahora la Fiscalía General de Justicia del Estado investigará adecuadamente para que finalmente se haga justicia a familiares de los acribillados en Ostuacán, Chiapas, dijo el asesor jurídico de la Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos, Miguel Ángel de los Santos.
""Sabemos que todo se queda en investigaciones preliminares, pero nunca en sentencias condenatorias"", senaló al citar que no cuenta con información contundente para saber si el masivo asesinato de seis personas en el rancho San Francisco, de Ostuacán, está o no relacionado con actividades del narcotráfico en la entidad.
Sobre si el nuevo nombre de PGJE le traerá mayor funcionalidad, reconoció que ""no tiene nada qué ver el nombre. Yo creo que la estructura jurídica puede ser cualquiera, y la eficacia tiene que ver con cambios estructurales que impliquen el evitar que la tortura se siga utilizando como método de investigación; tiene que ver con cultura policiaca para sus servidores, quienes deben entender que en un estado -que se considera democrático- se continúa violentando los derechos humanos, lo cual no tiene nada qué ver con los cambios de nombres ni de sus titulares.
Sobre la cuestionada actuación de consejeros y la titular de la Comisión de Derechos Humanos, Yesmín Lima Adam, aceptó que son un ""club de amigos""; primero tendría que realizarse un proceso donde sociedad y diferentes organizaciones den sus propuestas directamente al Congreso del Estado, sin la intervención del Ejecutivo, advirtió.
""Estamos ante un error grave; Lima Adam no garantiza la defensa de los derechos humanos en Chiapas, sino impunidad e indiferencia ante el grado de violaciones a los derechos humanos"", sostuvo.
De los Santos recomendó que ""debe recordarse cuando Lima Adam fue subprocuradora de Derechos Humanos en la hoy Fiscalía General del Estado, se realizaron violaciones a los derechos humanos; nunca se tuvo una acción directa y responsable para defender, por ejemplo, a decenas de campesinos incomunicados en la ex PGJE, donde ella laboró pero se declaró finalmente incompetente"".
En consecuencia, dijo, ""es un grave retroceso, ante el alto costo pagado socialmente por violaciones a los derechos humanos, donde la constante defensa de organismos de derechos humanos se vino abajo con su designación oficial"".
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