Miembros de la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (Redias) solicitaron a las autoridades correspondientes investigar la causa específica de la intoxicación de adolescentes de Bochil y Tapachula, además de garantizar las condiciones para la no repetición de estos hechos, así como la ejecución de medidas de protección y seguridad con enfoque de derechos.
Indicaron que es importante que las instancias gubernamentales garanticen la integridad de las y los estudiantes víctimas de este suceso, así como de las niñas, niños y adolescentes en los planteles educativos del estado.
Como ha sido del conocimiento público, recientemente se ha registrado la intoxicación de al menos 170 adolescentes de 11 a 15 años de edad en instalaciones secundarias de Tapachula y Bochil.
El pasado miércoles, funcionarios del Gobierno Estatal mencionaron que aún se desconocen las causas y/o si hubo comisión de un delito; a su vez, anunciaron que con el fin de protegerlos implementarán en todas las escuelas secundarias el Protocolo de Prevención Escolar de Riesgos Psicosociales, dentro del cual se considera el Operativo Mochila.
Postura
Redias recordó que esto es violatorio a los derechos de la educación, así como intimidad, participación y presunción de inocencia de niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con la Recomendación 48/2019 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), lo cual también fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en febrero del 2021.
Además de ineficaz, este tipo de revisiones son discriminatorias en el sentido de que únicamente se aplican para las y los estudiantes y no a todas las personas que ingresan a los planteles, como profesores, administrativos, trabajadores de limpieza, entre otros.
Como organización de derechos humanos, enfatizaron que el protocolo debe considerar como eje rector el interés superior de la niñez, así como basarse en medidas de protección y cuidado que respeten su dignidad y la de todas las personas en la comunidad escolar.
El contacto de las y los adolescentes con sustancias ilícitas les convierte en víctimas de la delincuencia y no en culpables, por lo que es el Estado quien debe generar estrategias y alternativas para proteger sus derechos.
Reiteraron que antes de implementar el Operativo Mochila se debe llegar a la causa de las intoxicaciones masivas, ya que podría tomarse como una criminalización hacia los estudiantes que han resultado afectados.
