Ante la omisión a las leyes en que han estado incurriendo servidores públicos del ayuntamiento Ocosingo, diversos sectores de la sociedad han unificado voces para exigir a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales intervenga y cumpla con su responsabilidad de garantizar equidad, transparencia y legalidad al proceso electoral que recientemente dio inicio en la entidad de acuerdo al IEPC.
En esta ocasión, el contralor Jesús Alberto Oropeza Nájera, ha sido denunciado por el presunto desvío de recursos del erario público para fortalecer el proselitismo que, acusan, inició desde hace varios meses, en su búsqueda de una candidatura a un puesto de elección popular de frente al proceso electoral del 2018.
Para lograr sus objetivos cuenta con el apoyo de Alejandro Constantino Pérez, oficial mayor del ayuntamiento, quien sirve de comparsa y brazo ejecutor para condicionar a los trabajadores de la comuna, a fin de que se sumen al proyecto político de Oropeza Nájera, al grado de condicionar el suministro de insumos para ser desviados presuntamente a la campaña del contralor.
De acuerdo a Raymundo Gutiérrez Méndez, quien se identifica como simpatizante de Morena, “la Fepade y la Fiscalía de Delitos Electorales no han cumplido con la responsabilidad que les corresponde, porque han sido múltiples las denuncias que se han ventilado en medios de comunicación y no han actuado o no se ha sabido nada”.
”En el caso del Ayuntamiento de Ocosingo, el contralor Jesús Alberto Oropeza Pérez y el oficial mayor Alejandro Constantino Pérez violan la ley electoral y no son sancionados, porque dicen estar apoyados por el presidente municipal Héctor Albores Cruz y la regidora Alicia Martínez Díaz, quienes utilizan el nombre del presidente del congreso estatal, Eduardo Ramírez Aguilar, para utilizar recursos públicos para proselitismo”, acusó.
Para Gutiérrez Méndez el despido o cambio de área de trabajadores que no coinciden o no se suman al proyecto del contralor es una violación a la ley, pero eso no lo quieren ver las autoridades y al contrario no sancionan a los servidores públicos que realizan actos de proselitismo anticipado en su afán de participar en el proceso electoral del próximo año.
