Con un documento enviado a Paula Gaviria Betancur, relatora especial de Derechos Humanos de los Desplazados Internos, 89 familias indígenas y campesinas pertenecientes a la Organización Campesina Emiliano Zapata-Casa del Pueblo (OCEZ-CP) del municipio de Venustiano Carranza, pidieron su intervención urgente para que las autoridades mexicanas las reconozcan como desplazados internos.
Exponen vulnerabilidad
En el documento firmado por autoridades de los Bienes Comunales, las familias argumentaron que se han visto vulnerados sus derechos humanos contenidos en instrumentos internacionales.
El 23 de noviembre de 2022 enviaron una actualización a la relatora; nuevamente el 3 de septiembre del mismo año, en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, presentaron los testimonios.
En noviembre también iniciaron un plantón en la capital de Chiapas con apoyo de las autoridades de los comuneros de los Bienes Comunales; pero se dicen abandonados, sin atención y reconocimiento a su condición.
Recordaron que la Alianza de San Bartolomé de los Llanos los expulsó con armas de fuego de alto calibre de sus tierras, quemó sus viviendas y robó hasta a sus animales de traspatio en las comunidades de Yaxchén de los Pobres, Nuevo Poblado San Bartolomé y Las Delicias.
Por ello, a la par, solicitaron la intervención de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Migración y Población, pues ya se cumplirán tres años como desplazados de sus tierras. El primer evento sucedió el 26 de abril y el segundo el 4 de mayo de 2020; mientras que el tercero ocurrió el 12 de junio de 2021.
