No tenían que hacerlo, pero lo hicieron. Nos referimos a caso de La Misión, en el que el gobierno estatal anterior intervino con la versión de que garantizaría la adquisición de viviendas en litigio. Un 2 de julio del año 2008, en un evento frente a cientos de habitantes del fraccionamiento tuxtleco, el entonces Ejecutivo aseguró que el problema de indefinición en ese sitio ya estaba resuelto, que únicamente pagarían una fracción de la deuda de 25 años para adquirir una casa. En el mismo evento entregó mil 310 escrituras que se sumaron a otras más otorgadas un año antes. De acuerdo con la versión oficial, en lugar de que las familias pagaran dos o tres millones de pesos por vivienda, sólo liquidarían una cuenta de 56 mil pesos por cada una.
Ahora, ese gobierno ya concluyó dejando una serie de graves problemas a los chiapanecos en general, pero éste es uno de tantos que muestra el verdadero rostro indolente de esa administración.
De acuerdo con la nota informativa, hoy son alrededor de 135 habitantes del fraccionamiento los que enfrentan un proceso judicial de desalojo por falta de los pagos correspondientes a vivienda, por lo que con los antecedentes ya expuestos, los colonos culpan a la administración pasada del actual adeudo por pagos no realizados durante más de tres años. Pero el problema no para allí, pues aparte deben pagar intereses moratorios, calculándose en este caso más de sesenta mil pesos por unidad, con un plazo límite de apenas unos días.
Hace tres meses, luego de manifestaciones frente a Palacio de Gobierno, se acordaron reuniones de las tres partes para buscar una solución: el entonces secretario de Gobierno de la anterior administración, Noé Castañón León, el abogado y representantes de la financiera y los colonos afectados, pero no se logró nada.
De acuerdo con ciertas versiones, suman mil 800 casas que no han sido regularizadas y por lo consiguiente tienen pendiente su respectivo crédito hipotecario.
Los habitantes del fraccionamiento desconocen cuál es la situación real, no saben quiénes son los verdaderos dueños de las viviendas. De haber un propietario, éste los podrá desalojar al haber incumplimiento de pagos por no haberse cubierto los requisitos del anunciado convenio con el pasado gobierno estatal que tenía supuestamente el propósito de regularizar el fraccionamiento, pero como se ha visto, no sólo allí, todo fue mentira.
Como ya se ha señalado aquí mismo, el planteamiento original, es decir, adquirir deuda pública para otorgar vivienda en condiciones preferenciales, es controversial, y por lo mismo fue en su momento objeto de crítica, sin embargo, al ser un ofrecimiento y haber pepelería oficial que compromete, el acuerdo debía llevarse a su conclusión en los términos que se hubieren convenido.
Pero no, el signo constante que caracterizó a la pasada adminstración es éste que lo ejemplifica. Cada colono tiene hoy una deuda de tres años más intereses; y por su parte, según la Conducef, cada chiapaneco (hombre, niño, mujer o anciano) hoy debe casi 8 mil pesos, tras el endeudamiento.
