Los municipios suman una deuda de más de mil 500 millones de pesos entre pago de laudos y deudas a la CFE. Aunque aún no se ha concentrado toda la información, pues hay municipios que todavía la siguen enviado, reconoció el diputado presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, Felipe Granda Pastrana.
Lo anterior es considerado como el principal problema del Congreso del Estado, ya que la deuda es muy vieja ante la CFE y se desconoce a qué acuerdos llegaron los gobiernos municipales con la paraestatal, cómo hicieron para no pagar y seguir teniendo el servicio, además de muchos laudos, demandas que existen en todos los municipios y que son resultado de un mal manejo derivado de omisiones de los jurídicos que han dejado pasar los términos y van dejando perder casi todos los laudos.
Explicó que se hará una revisión de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos para hacer un chequeo a los posibles responsables y fincarles responsabilidades, sobre todo en las áreas jurídicas que han dejado pasar los laudos y se han dejado perder.
Granda Pastrana agregó que se ha visto cómo estas acciones han ido en detrimento del patrimonio de los municipios y del estado, pues se han perdido predios que formaban parte del patrimonio público y de pronto surgieron dueños con documentos, lo que ha afectado de manera severa.
Aunque recalcó que lo anterior es diferente a los predios que pudieron ser desincorporados por los ayuntamientos a particulares, puesto que estos casos son específicamente cuando aparecen supuestos dueños con documentación.
Compartió que para evitar que sólo se quede en el Poder Legislativo, ha platicado con el presidente de la Junta de Coordinación Política, Yamil Melgar Bravo, para hacer una revisión de la ley y realmente se finquen responsabilidades, de acuerdo con la petición del gobernador Rutilio Escandón Cadenas de que se acabe con la corrupción, y en especial, con la impunidad que viene de muchos años y que la gente vea que esto va cambiando.
Lo anterior para fincar las responsabilidades correspondientes sobre los funcionarios públicos y verificar que los delitos no hayan prescrito.
