Patricia Sánchez, fundadora y presidenta de Mi ÚteroFeliz AC, mencionó que la resolución federal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sobre el tema del aborto, aparte de ser una decisión histórica para la lucha feminista y por la despenalización, representa una protección para el servicio público que realizará dicho servicio.
El pasado miércoles, la Primera Sala del órgano máximo de justicia del país resolvió “que es inconstitucional el sistema jurídico que penaliza el aborto en el Código Penal Federal”, debido a que su criminalización “viola los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar”.
Por el dictamen, según Sánchez, tampoco se podrá criminalizar, quitar la licencia ni encarcelar a los servidores de salud que presten los servicios de aborto a nivel federal, así como a las instituciones que deben brindar este servicio, tanto federales y locales.
“En Chiapas ya no podrá negarse dicha atención porque es una resolución federal, así que en Chiapas todos los Hospitales de la Mujer, las clínicas del ISSSTE, del IMSS, de Pemex y las instituciones públicas que brindan estos servicios de salud, ya no podrán negar a las mujeres y a las personas gestantes; y el Congreso del Estado de Chiapas, las y los legisladoras tienen que acatarse a esta resolución y eliminar el delito de aborto en el Código Penal de Chiapas”, destacó.
Cabe señalar que la activista enfatizó que, según la actual legislación, para las mujeres no existe una sentencia de cárcel, para quienes son sentenciadas y encontradas culpables por aborto; caso contrario para los servidores públicos que brinden dicho servicio.
“Esto ahora ya es inválido. En Chiapas ya no se puede criminalizar ni brindar este tratamiento que está lleno de estigmas a las mujeres y personas gestantes que sean denunciadas por el delito de aborto, y tampoco pueden tener el castigo de cárcel los servidores públicos que brinden estos servicios”, comentó.
La activista comentó que el siguiente reto será trabajar en la sensibilización y perspectiva de género desde las instituciones de salud pública a nivel federal y estatal, para que brinden dicha atención sin prejuicios, tabúes o algún tipo de criminalización.
“Lo importante es que cada hospital federal y estatal público tenga el personal de salud capaz y preparado para brindar estos servicios, sin que caigan en la revictimización de las personas y mujeres que van a ir a abortar”, sostuvo.