Aunque la fecha límite para realizar la Declaración Anual de Modificación Patrimonial es el 31 de mayo, hasta el corte de las 15:00 horas de este 6 de mayo solamente se habían recepcionado 561 declaraciones de un total de cuatro mil 228 servidores públicos obligados, reveló el portal Declara Chiapas.
A través del sitio web http://www.fpchiapas.gob.mx, que puede consultarse de manera gratuita, se detalla que apenas son cinco instituciones las que tiene arriba del 50 por ciento en el cumplimiento de esta de esta responsabilidad.
Hasta el cierre de esta nota informativa, el Instituto Estatal del Agua registró un 100 por ciento con 14 declaraciones; con un 94 por ciento se encontraba el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía; Confía Chiapas alcanzó un 87 por ciento con 35 recepciones de las 40 obligadas.
La Secretaría de la Controlaría General y la Universidad Intercultural de Chiapas tienen un 76 y 50 por ciento, respectivamente. En el primer caso son 355 personas obligadas; en el segundo, 12.
De los 66 organismos donde el personal está obligado a hacer la Declaración Anual de Modificación Patrimonial, a menos 28 dependencias se mantienen en un cero por ciento de documentación recepcionada.
A través del sitio web se detalla que en el 2015 se cumplió al 100 por ciento, cumpliendo con la disposición cuatro mil 553 funcionarios; lo mismo ocurrió en el 2016 con cuatro mil 594 servidores; un año más tarde también los trabajadores cumplieron con su obligación (cuatro mil 320 en ese momento).
En lo que va de la actual administración, de acuerdo con la Secretaría de la Contraloría General, en Chiapas fueron sancionados más de tres mil servidores públicos, la mayoría de ellos porque no cumplieron con su declaración patrimonial.
“De conformidad con el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad ante la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Chiapas, todos los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Chiapas”, se explica en el sitio web.
Finalmente, en caso de que las personas no cumplan con esta disposición, las sanciones pueden ir desde la suspensión del contrato o cargo, hasta la inhabilitación de tres meses a un año para desempeñarse en cargos en el servicio público.