La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) mostró su preocupación, pues desde el 2019 ha registrado al menos 46 casos de personas defensoras indígenas (43 hombres y tres mujeres) que fueron asesinadas o desaparecidas con un posible vínculo respecto a su labor de defensa en México; tres casos —exponen— han ocurrido en Chiapas.
A través de un comunicado, y con motivo de los 75 años de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, se reconoce “el valioso legado de las personas indígenas que han sido asesinadas o desaparecidas por ser defensoras de sus derechos, pueblos y comunidades”.
Cabe destacar que el pasado 5 de julio se cumplieron dos años del asesinato de Simón Pedro, pacifista, defensor de derechos humanos y de la vida, quien defendió el territorio en contra de proyectos extractivos.
Se adhieren las agresiones contra el chiapaneco Mariano Abarca, fundador de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, caso que resonó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se puso una denuncia ante dos organizaciones canadienses.
El representante adjunto en México de la ONU-DH, Jesús Peña Palacios, señaló que en el país, adicionalmente a los desafíos estructurales que han afectado a los pueblos indígenas y que ha generando importantes brechas de desigualdad, marginación y acceso a sus derechos, también enfrentan violencia por parte de diferentes actores.
“En particular, las personas líderes de estos pueblos están más expuestas a represalias o acciones violentas debido a su visibilidad por la defensa de su territorio y modo de vida; su asesinato o desaparición tiene un efecto amedrentador sobre todo el pueblo indígena, que inhibe y dificulta el ejercicio de sus derechos humanos”, manifestó.
Casos emitidos
El comunicado detalla que de los 46 casos conocidos por ONU-DH, solamente en uno se ha emitido una sentencia condenatoria en contra de las personas agresoras. En 32 de los casos las personas defensoras indígenas realizaban actividades en la temática ambiental, y en 33 casos habían sufrido incidentes previos de seguridad, que fueron denunciados en 10 casos.
Respecto de la distribución geográfica, los estados con mayor recurrencia de casos registrados fueron Oaxaca, con 20; Chihuahua, con cinco; Guerrero, cuatro; Michoacán, cuatro; y Chiapas, con tres.
