Durante enero de este 2023, la CIDH otorgó medidas cautelares para tres casos de personas defensoras y comunidades en riesgo: 1) Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia, en Michoacán; 2) la comunidad jesuita de Cerocahui en Chihuahua; así como 3) el caso de Pascuala López y su núcleo familiar en Chiapas.
“Aunque distantes geográficamente, estos representan largos procesos de ejercicio y defensa de derechos humanos en contextos en los que la delincuencia organizada ha coaptado las esferas de la institucionalidad”, dijo la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT).
Para las organizaciones que conforman la red, la realidad rebasa los discursos matutinos e informes oficiales, además los recursos internos que ofrece el Estado mexicano han sido agotados y/o resultan insuficientes para dar respuestas a familiares, comunidades y colectividades que exigen justicia y verdad en este país.
Exponen falta de acciones
En los tres casos la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) destaca algunas características, entre ellas, la tardía e ineficiente acción del Estado mexicano para brindar medidas de protección urgentes o integrales ante situaciones de riesgo a la labor que realizan personas defensoras de derechos humanos en el ámbito comunitario.
A esto se le agrega la falta de implementación de mecanismos eficaces para la investigación, prevención, protección y justicia con enfoque diferencial, atendiendo el contexto comunitario, perspectiva de género y de pueblos originarios.
El comunicado de la Red TDT destacó, además, la colaboración de uniformados en las formas de violencia contra defensores; así también, el impedimento de la labor de defensa, la omisión de los antecedentes de denuncias, aunado a la obstrucción al acceso a la justicia, la nula reparación del daño y la falta de garantías de no repetición que impiden o dificultan que se atienda de fondo las causas de la violencia estructural.
