Durante este 2022 más albergues y centros de derechos humanos en Chiapas han denunciado públicamente la persecución contra defensores y periodistas, así como espionaje y hostigamiento que, con la militarización de las fronteras, van en aumento.
Estas violencias no son hechos extraordinarios, pues muchos espacios que brindan apoyo a las personas en movilidad humana y que se encuentran en la ruta migratoria, están alzando la voz para protegerse no solo del crimen organizado, sino también de la violencia institucional.
Ubicado al norte de Chiapas se encuentra el albergue Betania Santa Martha, en el municipio de Salto de Agua, un proyecto de los Misioneros del Verbo Divino en el que las Hermanas Franciscanas Misioneras de María colaboran.
El equipo de trabajo es reducido, pero pudieron brindar el apoyo a 25 mil personas en 2021, año en que también incrementó la violencia. En aquel octubre tuvieron una de varias intimidaciones, ya que personas se presentaron como elementos de la Fiscalía de Chiapas intentando amedrentarlas.
Una de las hermanas, de identidad reservada, dijo que “las amenazas, allanamiento e intimidaciones por parte de autoridades coludidas con el crimen organizado buscan hacernos desistir de nuestra labor de defensa de derechos de las personas migrantes, que han incrementado”.
Pero los hostigamientos y amenazas directas a defensores y a personas migrantes continúan, y pese a la presentación de pruebas, como imágenes de las cámaras de videovigilancia, las denuncias no proceden ni en Chiapas y Tabasco.
Víctor Hugo López, secretario ejecutivo de la Red TDT, agregó que en la documentación de hechos y acompañamiento que realizan entre organizaciones notan que las fiscalías a nivel estatal y federal niegan la atención.
“Dentro del ámbito jurisdiccional no quieren asumir ni hacerse responsables de las denuncias que se interponen”, y en muchos casos tampoco levantan registro de atención ni actas administrativas, lo que dificulta el acceso a la justicia.
