"Carlos Herrera * CP. Identificados por la población como parte del burocratismo judicial, los defensores sociales de la zona Altos (antes defensores de oficio) mencionan que desempenan su labor con el mayor esfuerzo, a pesar de que enfrentan diversas limitantes como salarios muy bajos, exceso de trabajo y la falta de equipo de oficina.
Miguel Ángel de los Santos, miembro de la Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos, senala que los defensores sociales son mal pagados, no cuentan con oficina, tampoco con personal de apoyo y no tienen derecho a una carrera judicial.
De lo Santos considera que la mayoría de ellos no habla alguna lengua indígena, son pocos para tantos expedientes que deben revisar, lo que no le permite al acusado ejercer su derecho.
Carencias
Joaquín Domínguez Trejo, defensor social, reconoce que en su trabajo enfrentan muchas carencias. Sólo hay una computadora para dos defensores sociales que trabajan en el Juzgado Primero del Ramo Penal para Delitos Graves del Distrito Judicial de San Cristóbal.
Al ser entrevistado, explica que los defensores sociales son como ""la parte contraria del Ministerio Público, pero estamos en desventaja con ellos tanto en salario y equipo de trabajo; nosotros ganamos máximo 7 mil 400 pesos mensuales y un MP más de 9 pesos al mes"".
Hace como un ano atendía unos 100 expedientes, pero con la creación del Juzgado Segundo del Ramo Penal para Delitos no Graves, ahora ""tengo 62 expedientes vigentes"", aunque reconoce que ""significa mucha carga de trabajo, ya que tenemos que leer miles de hojas"".
Domínguez Trejo indica que generalmente asiste a indígenas pobres, gente que no tiene dinero para pagar un abogado. ""Acá no se le cobra un solo peso, atendemos su caso y hemos tenido la fortuna de lograr sentencias absolutorias, autos de libertad o reducir la pena.""
Trato diferencial
Otra situación es que los defensores tienen un trato diferencial de la Fiscalía General: ""Hemos solicitado un peritaje sobre dos expedientes en que las procesadas padecen de sus facultades mentales, porque hay un dictamen emitido por la misma Procuraduría... pero responden que no cuentan con un perito en materia de psiquiatría, nos están coartando el derecho, con otro peritaje se demostraría la imputabilidad de las procesadas"".
Egresado de la Facultad de Derecho de la Unach, Joaquín Domínguez habla la lengua tzotzil, pero cuando se trata de una lengua indígena distinta es apoyado por traductores; se dedica a los asuntos indígenas, sobre delitos de homicidio, secuestro, violaciones, etcétera.
""Coyotes""
Refiere que en su trabajo también afectan ""los coyotes"", aquellas personas que no tienen una cédula de abogado, se designan como personas de confianza, pero ""no saben ni lo que es un proceso penal; si sale bien el caso dicen que ellos lo hicieron y si sale mal es culpa de nosotros"".
""Si el acusado está confeso, el abogado particular nos lo deja a nosotros, nunca se atreven a defender a alguien que está confeso para buscar una pena mínima"", revela, al citar que ""de 30 casos que me llegan, 15 ya vienen confesos; o si no el abogado ya promovió acciones jurídicas y si ve que no tiene solución, renuncia a la defensa y nos lo pasa a nosotros para que el prestigio de ellos quede bien y se les eche la culpa a los defensores"".
Informa que los defensores dependen del Instituto de la Defensoría Social, ""es autónomo al Supremo Tribunal de Justicia y de la Fiscalía, pero el Supremo Tribunal de Justicia da los recursos para el Instituto y a nosotros nos designa el Consejo de la Judicatura del Estado"".
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