Desde que la Ley de Amnistía se publicó en abril del 2020, el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) ha atendido más de 600 solicitudes en todo el país a través de los defensores públicos certificados, de las cuales se han resuelto a favor más de 50.
Iván David González Chávez, director de Ejecución de Sentencias en el IFDP, comentó que esta ley tiene la finalidad de proteger los derechos de personas de los sectores más vulnerables, quienes han sido sentenciadas o que se encuentran en un proceso penal por un delito del fuero federal.
Uno los supuestos que marca, es que aquellas personas que cometieron un hecho delictivo orilladas por circunstancias de vulnerabilidad, pueden aplicarla para obtener su libertad. Si se comprueba que al momento estaban en un estado de pobreza extrema, esto puede ser aplicable para amnistía.
Otro supuesto es que si una persona de origen indígena es detenida, llevada a proceso y sentenciada, y no recibió una adecuada representación legal con un defensor conocedor de su cultura y su lengua, también puede ser aplicable para que salga en libertad.
Mencionó que en la experiencia de los casos que han atendido y han resuelto los jueces al respecto, es que si una mujer ha sido sometida o inducida por su pareja sentimental, cónyuge o concubino, a cometer un hecho delictivo y esto se acredita ante la Comisión de Amnistía y luego ante una autoridad federal, es viable para que se conceda el beneficio.
González Chávez hizo referencia de uno de los casos más sobresalientes que han atendido hasta ahora y que fue resuelto a favor: se trata de Karina, una joven madre que fue detenida en Durango, por posesión de metanfetamina en el año 2019.