La presidenta de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, Patricia del Carmen Conde Ruíz, dio a conocer que este viernes las Comisiones Unidas de Vigilancia y de Justicia comparecerán ante las comisiones unidas el próximo 17 de agosto del año en curso, en horario de 10 a 14 horas.
Además, definió el formato y calendario de las comparecencias de los candidatos a integrar la Comisión de Selección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas, el cual anunciarán de manera oficial.
Conde Ruíz, señaló que se recibieron varias propuestas de diversos organismos, sin embargo sólo serán convocados los aspirantes que cumplieron con los requisitos establecidos en la Convocatoria correspondiente.
Recordó algunos de los requisitos a cumplir como ser chiapanecos por nacimiento; no haber sido condenado por delito que amerite pena de más de un año de prisión, no haber sido sancionado por faltas de responsabilidad administrativa no encontrarse inhabilitado o cesado, no haber desempeñado el cargo de gobernador del estado, senador, diputado federal o local, ni presidente municipal, Fiscal General del estado o secretario de estado.
La documentación dijo, fue presentada en la oficina de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado del 13 de julio al 21 de julio de 2017.
Señaló que una vez que se cerró la etapa de recepción, la Comisión de Vigilancia verificó que los documentos recibidos acreditaran los requisitos, y validaron las propuestas realizadas.
Cabe señalar que la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado permitirá mejorar los procedimientos de prevención, investigación y sanción a todos aquellos actos de corrupción que dañan a la democracia, ya que contempla un nuevo diseño institucional, lo que permitirá mejorar los procedimientos de prevención, investigación y sanción a todo acto de corrupción.
Entre las novedades que presenta el marco jurídico de este nuevo Sistema en el aspecto de responsabilidades administrativas, se contempla que los servidores públicos que incurran en faltas deberán cubrir con su patrimonio el daño que se haya causado al erario público.
Asimismo, contempla sanciones para los particulares que por alguna razón manejen o ejecuten recursos púbicos y que sean responsables del detrimento o perjuicio al patrimonio estatal, tal es el caso de los contratistas, proveedores prestadores de servicios.
