En su sentencia, los magistrados electorales explicaron sus razonamientos para validar el resultado de la elección del pasado 2 de julio, pero no dejaron de reprochar anomalías y deficiencias ocurridas durante los comicios.
Y son razonables las amonestaciones: hubo irregularidades en el procedimiento electoral; fue la mala política lo que llevó al Ejecutivo federal a gastar cantidades enormes de dinero para promover su obra de gobierno; fue también la que manchó la investidura presidencial cuando su portador atacó a los candidatos de la oposición. Fue la mala política la que hizo que algunos empresarios pagaran propaganda para advertir contra supuestos peligros futuros, cuando con ello querían favorecer a candidatos específicos. No obstante, el Tribunal no encontró razones lo suficientemente sólidas para anular la elección presidencial ni, tampoco, para hacer un recuento voto por voto, como se pedía.
Negar los vicios del proceso y sus lamentables resultados posteriores significaría seguir por la ruta de la inacción política, y no hay ley ni legalidad que soporten las presiones sociales que de aquéllos suelen derivarse.
Es difícil negar que Andrés Manuel López Obrador, candidato de la izquierda mexicana, enfrentó una extrana andanada de ataques hasta el primero de julio. Sin embargo, también lo es que, más allá de sus muy fieles seguidores, a muy pocos ha podido convencer de que el día de la jornada electoral se maquinó un gran fraude en su contra. La jornada fue imparcial, porque estuvo esencialmente en manos ciudadanas. Y tal cosa es ya verdad juzgada.
Lo que sigue en México es una seria y profunda toma de decisiones de cada una de las partes.
Por un lado, el gobierno que aún es vigente sigue teniendo la responsabilidad nacional de la gobernabilidad y de la paz social. Esto es ineludible y no cabe pensar que ha terminado este mandato dictado hace seis anos.
El gobierno que presidirá Felipe Calderón, y del que habrá de tomar posesión el 1 de diciembre, debe definir una agenda incluyente, social y democrática, en beneficio no sólo de aquellos que votaron por él, sino de todos los mexicanos, uno a uno, espacio por espacio. Es su responsabilidad conducir al país por rutas de gran altura política en un esfuerzo compartido en el que todos los actores tengan voz, tengan posibilidad de intervenir y -dentro de los cauces legales- tomar decisiones conjuntas.
Quienes no obtuvieron el triunfo en las urnas deben asumir su propia responsabilidad. Es indiscutible que quienes serán oposición han desarrollado una idea de nación que camina por las rutas de la justicia social, y eso no es cosa menor. El país ha vivido y vive serias inequidades que hay que atacar a fondo. Y es precisamente por las vías parlamentarias y de organización política y democrática, como la oposición deberá exigir que el gobierno que comenzará en diciembre, atienda sin ningún pretexto a quienes más requieren del cumplimiento de gobierno para resarcirlos de su condición de pobreza, marginación, desempleo, falta de servicios de salud eficientes, una educación crítica y razonada y un futuro en el que ya no tengamos que hablar de injusticias sociales. Esa es la tarea que le espera a la oposición: ser exigentes y vigilantes de que ello sea cumplido. Habrá de ser, esperamos, una oposición vigorosa, crítica seria, honorable, democrática y sin asomo de intolerancias y desasosiegos. (El Universal).
