Ante la falta de atención de parte del Infonavit para solucionar fallas estructurales de viviendas que fueron adquiridas bajo ese esquema institucional, trabajadores afectados de los fraccionamientos Solidaridad 2000 y Casas Geo anunciaron que realizarán movilizaciones en Tapachula durante la próxima semana.
Esto a pesar de los constantes documentos entregados al Infonavit en los que se detallan las “fallas” y vicios ocultos por parte de empresas constructoras que engañaron a los trabajadores con un quebranto a sus ahorros al adquirir viviendas que para repararlas les cuesta mucho más de su costo, y que en la mayoría de los casos a los trabajadores les siguen descontando de sus salarios.
En entrevista, el activista y defensor de los derechos humanos, Luis Alberto Soto, expuso que en este sentido continuamente han entregado documentos y oficios a la delegada del Infonavit en Chiapas, Rocío Terán Cruz, y al director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, señalando con detalle el fraude del que fueron objeto con dichas viviendas y que en muchos casos han sido abandonadas por sus propietarios debido a las fallas y riesgos que presentan.
La mayoría de las viviendas de estos fraccionamientos presentan filtraciones y grietas en las losas, paredes rajadas, pisos deformados, así como la falta de servicios básicos, como agua potable, además de constantes fallas en la energía eléctrica.
Acusan que la delegada Terán Cruz, durante su gestión de tres años, se ha confabulado con los asesores del Infonavit a nivel nacional y hace caso omiso de las demandas de los derechohabientes de los fraccionamientos Solidaridad 2000 y Casas GEO.
Señalan que muchos tienen que vivir en esas viviendas aun con los riesgos que presentan, junto a la inseguridad por la falta de alumbrado público y por la ocupación de otras viviendas por parte de migrantes, que de manera ilegal se posesionan de las que están abandonadas, sin que nadie haga algo para atender las denuncias.
Muchos de los afectados han interpuesto demandas por fraude contra los funcionarios del Infonavit de primer nivel, por haberles impuesto y obligado a aceptar esas viviendas que se construyeron con una gran cantidad de desperfectos. Otros solicitaron la devolución de su dinero.
Ambos casos implica que muchos de los migrantes que ven la oportunidad de ocupar esos espacios lo hagan, aumentando así la inseguridad, los robos y los asaltos en este sector del sur oriente de la ciudad.
