"Los números son inquietantes. De acuerdo con información oficial a la que tuvieron acceso senadores de la República, uno de cada tres narcotraficantes pasó por las Fuerzas Armadas. Es decir, cuando menos un tercio de los grandes enemigos del Estado mexicano y de la seguridad pública fueron adiestrados y pagados con recursos del erario federal. Hay que parar tan absurda tendencia.
Tal gasto de los contribuyentes mexicanos para alimentar a los cárteles de las drogas se multiplica si le sumamos el sueldo de todos los funcionarios públicos que hasta el momento han sido procesados por sus vínculos con la delincuencia, algunos de muy alto nivel en la PGR y en la Secretaría de Seguridad Pública.
Hay que agregar, además, a policías de nivel medio, estatal y municipal que, de acuerdo con reportes de los últimos meses, están al servicio de los narcos en estados como Chihuahua, Baja California, Tabasco y Michoacán, entre otros.
Destaca hoy como ejemplo el de los integrantes de la banda de secuestradores de La Flor, que, según se ha comprobado ya, estuvo integrada por ex agentes retirados o dados de baja en el Distrito Federal y vueltos a contratar en la misma plaza, donde obtuvieron vertiginosos ascensos.
En tal contexto vale preguntarse: zcuántos de nuestros impuestos benefician al crimen organizado?
Bastante escandaloso y paradigmático había sido, en la década pasada, el caso de Los Zetas, por mucho tiempo brazo armado del cártel del Golfo, integrado por militares de élite, entrenados bajo los más estrictos estándares de calidad en torno al Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE), quienes pusieron sus habilidades al servicio de sus enemigos originales.
En su día fue bochornoso el sonado caso del general Jesús Gutiérrez Rebollo, a quien se le capturó trabajando para la organización de Amado Carrillo Fuentes, El Senor de los Cielos. Más reciente es el caso de Noé Ramírez Mandujano, quien hasta hace poco fuera, también, el ""zar"" antidrogas.
La recurrencia del problema nos habla de que no se ha trabajado para conjurarlo. No se trata de meros accidentes, sino de un problema claramente estructural.
La gráfica histórica de las deserciones militares se mantiene al alza, de tal suerte que sólo este ano han desertado del Ejército mexicano 18 mil 128 elementos, que sumados al resto de los efectivos que han abandonado la institución alcanzan ya la cifra de 150 mil en los últimos ocho anos.
Por supuesto, no todos los que abandonan las filas castrenses pasan automáticamente a la nómina de los cárteles, pero ambos datos suelen ir de la mano en un buen porcentaje.
El gran poder corruptor del dinero mal habido se combina con los bajos sueldos de la oficialidad en una mezcla mortal, que debe ser combatida de raíz. El mantenimiento de un razonable nivel de vida de los integrantes del Ejército es un primer paso para reducir el problema.
Más aún, carecemos de una base de datos nacional que dé seguimiento a los elementos que se dan de baja de las Fuerzas Armadas, para saber dónde están y qué hacen. Lo cual nos recuerda que, por razones presupuestales y políticas, tampoco contamos con una gran base de datos nacional de policías y ex policías.
Sin un sistema confiable de información nuestra memoria histórica es cortísima y endeble, lo cual, de paso, impide que se pueda hacer un trabajo efectivo de inteligencia capaz de impedir que agentes y militares se corrompan. Y ya sabemos de lo que es capaz el ser humano si no utiliza la inteligencia. (El Universal)
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