Las actividades de la delincuencia también ocasionan daños al medio ambiente. Desde hace varios años es conocido que el tráfico ilegal de minerales y de especies de flora y fauna, se encuentra entre el tercer o cuarto negocio ilícito más rentable del mundo, tan sólo después del tráfico de drogas, el tráfico y la trata de personas y la piratería.
Alrededor de recursos naturales de gran valor en los mercados internacionales como son maderas preciosas; de la extracción de diamantes y otros minerales; de la comercialización de toda clase de animales silvestres que son arrancados de sus hábitats para venderlos vivos o alguna de sus partes como pudieran ser colmillos, garras, piel o cuernos, se han constituido negocios multimillonarios y redes criminales bien organizadas.
En nuestro país desde hace varios años es conocida la extracción ilegal de especies silvestres para su venta en mercados públicos o carreteras, que se demandan como mascotas o por alguna creencia equivocada respecto de sus propiedades, caso de los huevos de tortuga, aves de ornato, reptiles y gran cantidad de plantas. Es conocida también la presencia de bandas de deforestadores que comercializan madera ilegalmente, pero que se valen de la violencia, las amenazas y de armas largas, para impedir la acción de autoridades ambientales, de inspectores forestales o de las propias comunidades y pueblos habitantes de los bosques.
A todo esto se añade la amenaza del narcotráfico. Así lo reconoció el doctor José Sarukhán Kermez, coordinador de la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad (Conabio), en el sentido de que el uso de suelo para cultivos ilícitos de droga representa un obstáculo para la preservación y estudio de la biodiversidad en México, ya que grupos del crimen organizado se internan en Áreas Naturales Protegidas (ANP) o en zonas susceptibles de serlo, para crear más zonas de cultivo de enervantes.
Para perseguir los delitos en materia ambiental se creó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). No obstante, las 300 personas a su cargo deben vigilar 56 millones de hectáreas de bosques y selvas del país, lo que supone que a cada funcionario le corresponde vigilar una superficie similar a la mitad del estado de Tlaxcala; además sus inspectores tienen otra vocación, cómo exigirles que enfrenten a un grupo del crimen organizado. De hecho, datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) aseguran que durante la actual administración presidencial, son por lo menos 12 los homicidios cometidos contra ambientalistas, activistas y funcionarios del gobierno ligados con la inspección de Áreas Naturales Protegidas y la protección del medio ambiente, más otros casos de secuestros, torturas e intimidaciones.
De ahí la necesidad de que estos grupos y redes criminales que atentan de esta forma contra el medio ambiente, reciban un tratamiento penal como grupos del crimen organizado, a fin de que la Procuraduría General de la República en colaboración con la Profepa pueda perseguir estos delitos. De ahí también la necesidad de otorgar más recursos para la protección de las ANP, transfiriendo presupuesto de programas como Proárbol, debido a su baja rentabilidad y resultados, pues vale más en este momento cuidar los activos que se tienen, que invertir en la siembra de árboles que en su mayoría no han sobrevivido.
